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El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte propone que los medios de comunicación, durante los estados de emergencia, difundan las acciones del Estado en la lucha contra la delincuencia.

Pretende modificar la Ley de Radio y Televisión para obligar a los medios a transmitir el Cuarto de Guerra. Esto lo anunció en una conferencia de prensa este 30 de marzo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana.

“Un proyecto de norma legal que modifica la Ley de Radio y Televisión, y que crea la franja informativa mediante el cual los medios de comunicación tendrán que difundir en estados de emergencia las acciones y actividades que viene realizando el Ejecutivo en contra de la delincuencia y en la lucha que estamos haciendo frontal contra la inseguridad ciudadana”, sostuvo Arana en esta conferencia.

Una amenaza a la libertad de prensa

«Aquí lo importante es dar la información adecuada de manera plural. Que no se afecte la libertad de prensa, que sostiene la democracia en cualquier país. Lo que hay que preguntarle al gobierno es, por ejemplo, hace cuánto tiempo la presidenta Boluarte y algunos ministros no responden las preguntas de los periodistas», remarcó Mónica Delta en la última edición de Punto Final.

Respecto a esta medida, el abogado Roberto Pereira, experto en libertad de prensa y expresión, sostuvo que «esto va a convertirse en una franja de propaganda gubernamental cuando no existe necesidad para eso».

Según Pereira, no hay necesidad de ejecutar esta medida porque el gobierno ya cuenta con medios de comunicación para difundir aquello que le parezca, como por ejemplo, TV Perú. Por otro lado, sostiene que todo lo que esté vinculado con la inseguridad ciudadana es un asunto noticioso de especial interés. «No existe justificación para imponer contenidos a los medios de comunicación a través de la franja anunciada por el ministro de Justicia», reafirmó Pereira.

Comunicado de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión

Sobre este anuncio, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión emitió un comunicado y sostuvo que «esta iniciativa del poder ejecutivo marca una peligrosa ruta que solo la transitan los gobiernos autoritarios».