INSEGURIDAD CIUDADANA
Durante el transcurso del año 2023, los casos de secuestros resurgieron en el Perú, marcando un preocupante retorno de este delito. Además, las extorsiones se expandieron a nivel nacional, afectando principalmente a pequeños empresarios. A pesar de las medidas adoptadas por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, no lograron resolver ni aliviar la compleja situación que atraviesa el país. Los estados de emergencia y los cambios de ministros no solo impactaron en la lucha contra la inseguridad ciudadana, sino que también evidenciaron la falta de un plan sólido por parte de las más altas autoridades para hacer frente a esta problemática. Surge la interrogante: ¿Es posible combatirla o reducir sus niveles para el año 2024? ¿Qué hace falta para conseguirlo?
Por: Eduardo Ramos
Según el estudio de Ipsos, la criminalidad e inseguridad ciudadana es lo que más preocupa a los peruanos (58%), por encima de la corrupción política (52%), el desempleo (36%) y la pobreza y desigualdad (33%). Desde el Instituto Peruano de Economía (IPE) informaron que una de cada tres personas ha sido víctima de algún delito en Lima. Perú ocupa el puesto 32 de 193 naciones en términos de criminalidad, según el Índice Global del Crimen Organizado 2023, en donde se destaca la presencia de diversos delitos, que incluyen robo, tráfico de personas y armas, narcotráfico, extorsión y minería ilegal.
Una de las medidas que tomó el ejecutivo para tratar de reducir la ola de criminalidad fue la declaratoria de estados de emergencia, los cuales se anunciaron el 18 de setiembre y expiró el pasado 11 de diciembre. Durante su tiempo en vigencia se señalaba que en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Cercado de Lima, Lince y Sullana (Piura) la Policía en apoyo con las Fuerzas Armadas tomarían el control del orden interno de estos distritos, además se añadió la suspensión de eventos sociales y espectáculos entre la medianoche y las 4:00 am. ¿Fue entonces una medida acertada?
Para Wilfredo Pedraza, exministro del interior, los estados de emergencias, son respuestas políticas al fenómeno de la inseguridad, precisamente estas decisiones políticas casi no tienen ninguna utilidad para combatir fenómenos sociales como la delincuencia. Adicionalmente menciona que estas sentencias buscan satisfacer algunas demandas ciudadanas:
«Más policías, más militares en las calles, suspensión de algunos derechos, pero en términos materiales, la eficacia de esas medidas son pequeñas, y básicamente tratan de satisfacer la demanda ciudadana, pero que vencido el plazo de la declaratoria de emergencia, al final la situación no varía en nada» dijo.
En Latina Noticias, se presentó el recuento de hechos delictivos ocurridos durante estos estados de emergencia, en el que a pesar de la presencia policial se registraron: asesinatos, extorsiones y asaltos que no pararon en los casi dos meses que duró el estado de emergencia. Por lo que esta medida no detuvo la inseguridad ciudadana.
Incluso, algunos alcaldes de distritos aledaños como el caso del Rímac, denunciaron una ola migración criminal hacia su jurisdicción, solicitando también una declaratoria de emergencia, o el aumento considerable de presencia policial en sus terrenos.
En el primer año del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, el Perú tuvo cuatro ministros del Interior, todos ellos pasaron por la institución con la consigna de reducir la inseguridad ciudadana y reforzar la Policía Nacional del Perú. Lamentablemente, ninguno estuvo cerca de lograrlo, por el contrario, los niveles de criminalidad no se detienen y continúan incrementándose. A continuación, un breve repaso de los 4 Ministros del Interior que estuvieron al frente del sector:
Esta constante rotación de Ministros del Interior, así como también de los altos mandos de la Policía, es una de las principales causas que generan inseguridad en el país. Para Wilfredo Pedraza, esto sumado a la ola de criminalidad extranjera presente ya en distintas partes del Perú, son los dos factores que «empujan la delincuencia e inseguridad en el país».
Al ser consultado sobre la tasa de criminalidad extranjera, el ministro del interior, Wilfredo Pedraza destacó la complejidad y la gravedad de la situación:
«En nuestro país, hay delincuencia nacional, ha habido toda la vida, pero en los últimos años la migración de organizaciones criminales que tienen larga experiencia en el mundo del delito, que tienen gran experiencia en articular crimen organizado, que tienen experiencia en el manejo de asuntos hoy super sensibles hoy en el país como: las extorsiones, trata de personas, préstamos gota a gota, sicariato es sin duda un factor preocupante y que dispara un poco los índices en esos delitos porque ya no se trata de delincuencia común, sino de organizaciones que tienen una estructura definida», afirmó Pedraza.
El ministro hizo hincapié en que estas organizaciones criminales extranjeras no solo están introduciendo un nivel de sofisticación en sus métodos delictivos, sino que también están focalizando sus actividades en áreas específicas: «Lotizan las ciudades, focalizan las acciones contra pequeños y medianos empresarios comerciantes. No es la extorsión típica a los empresarios, sino que buscan sectores más desprotegidos, imponen condiciones para que puedan seguir trabajando. Esa es la delincuencia más nociva, que en estos momentos crece en el país», advirtió Pedraza.
La preocupación del ministro subraya la necesidad de abordar de manera urgente este fenómeno en aumento y desarrollar estrategias efectivas para combatir la criminalidad organizada de origen extranjero. La cita de Pedraza destaca la complejidad de la situación actual, señalando que la lucha contra estas organizaciones delictivas requiere un enfoque coordinado y multidimensional por parte de las autoridades correspondientes.
Para el experto en seguridad ciudadana, no existe una medida que pueda resolver un fenómeno como la inseguridad ciudadana a corto plazo, «esa es una regla de oro porque se trata de procesos sociales; la delincuencia es consustancial un poco a la sociedad.» Lo que se puede y debe hacer, según el experto, es organizar las instituciones del estado para enfrentar a la delincuencia con acciones de corto, mediano y largo plazo. Es inevitable plantear acciones de esos niveles, además en esa ecuación también se debe hacer participar no solamente a la Policía, sino al Ministerio Público, Poder Judicial, Gobiernos Locales, Gobiernos regionales, Ciudadanía y Medios de Comunicación.
«Factible es. De hecho, los países europeos no tienen tanta delincuencia como la nuestra porque tienen instituciones sólidas que responden con alguna prontitud a estos fenómenos, no es el caso de Latinoamérica o Centroamérica, que este fenómeno de migración de la delincuencia organizada la ha ido abarcando, porque lo ocurre en Perú, pasa en Colombia, Chile, Ecuador, Argentina. Aquellos países que tienen más institucionalidad, más profesionalización en las instituciones son los que pueden contener mejor este fenómeno diría es el caso de Chile, el otro extremo es el caso de Ecuador que está perdiendo un poco la batalla por el crimen organizado. Un país que hace 10 años tenía una seguridad envidiable, hoy tiene un severo deterioro en la seguridad especialmente en la periferia de todas sus grandes ciudades, que ha sido tomado por organizaciones criminales del exterior: venezolanas, colombianas, la locale evidentemente, que es lo que nos podría pasar si no tomamos medidas.»
Del mismo modo, Pedraza, añadió que sí es posible enfrentar la inseguridad de un modo exitoso, pero planificando, organizando y liderando. Lamentablemente con la inestabilidad política que se aprecia en el sector interior, esas acciones de planificación de mediano y largo plazo no existen, consecuentemente lo que se hace es responder con acciones de corto plazo.
«El gobierno responde con acciones de corto plazo, responden a la coyuntura y eso es como echar agua directamente a las llamas y no lavar» finalizó.
La Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana, presidida por el congresista Alfredo Azurín Loayza, solicitó la participación del ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, en la Décimo Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión a desarrollarse en enero del 2024. Se trata de la segunda citación del Congreso para que el ministro exponga su Plan de Trabajo.
Los congresistas integrantes de la Comisión de Seguridad tomaron la decisión de postergar la exposición del ministro Torres Falcón al 9 de enero, luego de que él indicara que no iba a poder asistir a la primera citación del 12 de diciembre y pidiera una reprogramación de la misma.
«Se llevará a cabo el martes 9 de enero del año 2024 a las 10:00 a.m. en la Sala de Sesiones N° 4 Martha Hildebrandt Pérez-Treviño… a fin que exponga ante la Comisión, el Plan de Trabajo a realizar durante el año 2024«, se lee en el oficio firmado por el congresista Azurín.
Sin embargo, también mediante un oficio, el ministro del Interior Víctor Torres Falcón explicó que no iba a poder asistir debido a las actividades de su sector y solicitó una reprogramación su asistencia ante la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana presidida por el congresista Alfredo Azurín.
«Hago extensivo mi agradecimiento a la mencionada invitación; no obstante, debido a actividades propias de la función ministerial del Despacho a mi cargo y considerando la proximidad del cierre de año no me será posible participar en dicha sesión», se lee en el documento enviado por Torres Falcón.
De esta manera, la citación al titular del Interior fue reprogramada para el 9 de enero en donde explicará lo que tiene proyectado realizar durante su gestión para combatir graves problemas como los robos y extorsión durante la Décimo Primera Sesión Extraordinaria de la mencionada Comisión.
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