José Jerí: funciones asignadas a contratada en Palacio ya eran realizadas por otros trabajadores
22.02.2026 / 20:44 dzanatta@latina.pe
Horas después de la censura de José Jerí, el miércoles 18, el Ministerio Público realizó una diligencia en Palacio de Gobierno como parte de las investigaciones en curso sobre contrataciones efectuadas durante su breve gestión como presidente encargado.
La intervención fue encabezada por el fiscal adjunto supremo Ronald Flores, quien evitó brindar detalles al señalar que se trata de diligencias reservadas. No obstante, se conoció que la Fiscalía recabó información y documentación vinculada a los contratos bajo la modalidad Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) en el Despacho Presidencial.
INFORMES BAJO LA LUPA
Entre los documentos recabados se encuentran los informes de actividades de Susana Gutiérrez Rivera, comunicadora que se desempeñó como comisionada ejecutiva de la Secretaría General del Despacho Presidencial desde el 25 de noviembre del año pasado. Estos reportes eran un requisito para el pago mensual de S/ 15, 600, monto que percibía por sus servicios.
Punto Final accedió a esta documentación, que se hace pública por primera vez y permite conocer las funciones que desempeñaban algunas de las jóvenes contratadas durante la gestión de Jerí en Palacio de Gobierno.
SIN MUCHOS DETALLES
De acuerdo con los términos de referencia del contrato, las labores asignadas a Gutiérrez incluían asesorar a la Secretaría General, revisar y coordinar documentación, participar en reuniones de trabajo y brindar apoyo administrativo. Sin embargo, especialistas advierten que estas funciones están descritas de manera genérica, sin detallar aportes concretos ni resultados específicos.
En los informes mensuales, Gutiérrez menciona coordinaciones entre la Secretaría y la Subsecretaría General, asistencia a reuniones y derivación de documentos, pero no precisa acciones específicas ni logros. Incluso, en algunos casos, solo se adjuntan fotografías de actividades oficiales sin explicar el rol desempeñado, como ocurrió en una actividad policial realizada en Santa Anita el 6 de enero.
¿DUPLICIDAD DE FUNCIONES?
Según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Despacho Presidencial, muchas de las tareas consignadas en los informes ya son realizadas por personal permanente de la institución. Para la abogada especialista en derecho administrativo público Cecilia Ruiz, esto genera cuestionamientos sobre la necesidad real de la contratación.
Ruiz señala que los verbos utilizados —como “asesorar”, “informar” o “coordinar”— son tan amplios que podrían corresponder a cualquier trabajador del área y no necesariamente a una contratación FAG, que por ley debe responder a funciones extraordinarias o a una sobrecarga laboral específica.
VIAJES PRESIDENCIALES
Un punto adicional que llamó la atención de la Fiscalía es que Gutiérrez afirma haber estado a cargo del aspecto operativo y organizativo de los viajes del entonces presidente Jerí. Sin embargo, esta función no figura en los términos de referencia del contrato, lo que abre nuevas interrogantes sobre el alcance real de sus labores.
Especialistas recuerdan que este tipo de contratos solo se justifica cuando existen funciones nuevas o extraordinarias, condiciones que —según el análisis del caso— no se evidencian con claridad.
INVESTIGACIÓN EN CURSO
La Fiscalía investiga no solo la contratación de Susana Gutiérrez, sino también la de otras mujeres que trabajaron en Palacio de Gobierno tras haber visitado a Jerí. Gutiérrez, además, fue mencionada en un informe previo de Punto Final por realizar visitas nocturnas a Palacio y acompañar al entonces mandatario en al menos ocho viajes oficiales.
Se intentó obtener la versión de Gutiérrez y del Despacho Presidencial sobre la justificación de estas contrataciones, sin éxito. Desde Palacio indicaron que evaluaban su separación.
Por ahora, el Ministerio Público ya cuenta con esta documentación, así como con la de otras contrataciones realizadas durante la gestión de Jerí. La investigación continúa, mientras los informes, marcados por generalidades y ausencia de resultados verificables, siguen alimentando los cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.