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Este lunes 12 de febrero, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte declaró estado de emergencia en la capital de La Libertad, Trujillo, y en la provincia de Pataz, por 60 días. Esta medida responde a la ola de criminalidad que viene afectando a la región.

«El año pasado ha habido más de 30 mil delitos en Trujillo, 11 mil por hurtos y robos en toda la provincia. Este 2024 se produce casi una muerte por día; en consecuencia, existe una serie de bandas y organizaciones criminales que vienen haciendo daño, especialmente a las zonas más densas”, indicó el premier en una conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros.

Por ello, la medida implica que los eventos sociales y espectáculos quedarán prohibidos desde las 00.00 horas hasta las 04.00 horas “hasta combatir la ola delincuencial”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, indicó que la declaratoria en Pataz es diferente, ya que el control del orden interno pasará a manos de las FF. AA. con apoyo de la PNP, en aplicación a los decretos legislativos N.º 1095 y N.º 1136. «La decisión está plenamente justificada por presencia de bandas organizadas relacionadas con la minería ilegal que han perpetrado actos de terror”, señaló.

De acuerdo a datos brindados por Otárola, en Pataz se ha ejecutado el sabotaje a siete torres de alta tensión, atentados con dinamita y crecimiento descontrolado de la minería ilegal.

«Enfrentamos a más de 20 bandas organizadas que se mueven en torno al comercio del oro. Hemos encontrado la peor expresión […] de la seguridad ciudadana: extorsiones, explotación laboral y sexual, proxenetismo, tráfico de armas, tráfico de insumos químicos”, detalló el premier.

El anuncio de la declaratoria de emergencia llega más de dos semanas después de que el gobernador de La Libertad, César Acuña, se reuniera en Palacio de Gobierno con la presidenta, el premier y los ministros de las carteras de Defensa, Interior y Justicia.

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