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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha vuelto a dirigirse al gobierno peruano con un mensaje claro respecto a los casos Barrios Altos y La Cantuta, exigiendo garantías de justicia para las víctimas de estas masacres. En respuesta, el premier Gustavo Adrianzén se pronunció en nombre del gobierno de Dina Boluarte, expresando su posición frente a la carta enviada por la Corte IDH.

Cabe precisar que la misiva del organismo internacional surgió en un contexto en el que se ordenó al Estado peruano no aplicar una ley aprobada por el Congreso que podría permitir la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002, una medida que ha sido rechazada tanto por la presidenta como por el expresidente del Congreso, Alejandro Soto.

¿QUÉ DIJO GUSTAVO ADRIANZÉN?

Durante una conferencia de prensa, se consultó al primer ministro Adrianzén sobre la postura del Poder Ejecutivo respecto a la carta de la Corte IDH. El premier aclaró que, tras un intenso debate, el Ejecutivo decidió no observar la ley que prescribe delitos de lesa humanidad aprobada por el Congreso. Subrayó que ahora corresponde al Congreso promulgarla, dejando la puerta abierta para que se evalúe su aplicación una vez que eso ocurra.

Adrianzén también negó que la ley lleve a una prescripción automática de los delitos de lesa humanidad y recordó la entrada en vigencia en 2002 y 2003 del Estatuto de Roma y la Convención de Imprescriptibilidad de crímenes de guerra y lesa humanidad. Asimismo, refirió que la norma aprobada por el Congreso no promueve ninguna impunidad en contra de las víctimas de La Cantuta o Barrios Altos. 

Finalmente, mencionó que, en caso de que la ley no sea publicada, persistirá el desafío de implementar el derecho internacional penal en el Perú, dado que actualmente el país no cuenta con tipificaciones específicas para los delitos de lesa humanidad ni para crímenes de guerra. Recalcó que el Poder Judicial, a través del control difuso, tiene la facultad de no aplicar una ley si esta se considera inconstitucional en casos concretos.

Cabe mencionar que en un comunicado conjunto, Boluarte y Soto expresaron su rechazo, señalando que la resolución de la Corte IDH sugería una falta de respeto hacia el Estado de derecho en Perú, insinuando que la Corte se erigía como una entidad que pretendía controlar los poderes legítimos del Estado peruano.

Ante esto, la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López, recordó al gobierno peruano que, como signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está obligado a cumplir con las decisiones del tribunal, incluyendo las relativas a medidas provisionales, de manera vinculante y de buena fe.

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