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Por Marco Zanelli Berríos

Esta historia sobre la congresista María del Pilar Cordero Jon Tay empieza con una entrevista. No ella, pues no suele hablar con la prensa, sino a José Antonio González Norris, el director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) que el 4 de septiembre se presentó ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

Entonces, el funcionario dio un dato que llamó la atención de Latina Chequea: un 50% de los 3 mil organismos no gubernamentales (ONG) de desarrollo (ONGD) y otros, no registran las actividades que realizan anualmente. ¿Cómo eran sancionados? Pues con amonestaciones, nos informó González Norris en una conversación que realizamos por videollamada.

El mismo director nos compartió el Registro Único de Sanciones de la APCI (Rusapci), que nos permitió observar una larga lista de organismos sancionados. Buscamos por azar a quiénes pertenecían a cada una de estas instituciones sin fines de lucro y dimos con el nombre de una persona que llamó nuestra atención: Amistad Perú Latinoamericana. ¿La presidenta? Nada menos que María del Pilar Cordero Jon Tay.

Sí, la misma legisladora fujimorista de la vieja escuela y cercana al expresidente Alberto Fujimori que saltó a los titulares este año por los lamentables audios difundidos por Punto Final en los que exigía parte de su sueldo a uno de sus trabajadores en el Parlamento.

EL PAPEL DE LA APCI

Antes de continuar con esta historia, rebobinemos un poco: la APCI es el órgano del Ministerio de Relaciones Exteriores que, entre otras funciones, supervisa, fiscaliza y controla los recursos que reciben diversos organismos sin fines de lucro. Recursos, como señaló el especialista Miguel Villaseca, docente de la Facultad de Gestión de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), que provienen de «fondos de cooperación internacional, ya sean multilaterales o de determinados países».

La agencia, así, tiene competencia sobre cuatro tipos de entidades: las ONG, ONGD, ENIEX (entidades e instituciones de cooperación técnica internacional sin fines de lucro) e IPREDA (instituciones sin fines de lucro que ejecutan donaciones recibidas del exterior o de nuestro país). «El papel de la APCI es complejo. Me parece que no se da el suficiente abasto para validar que los fondos de una ONG sean todos utilizados adecuadamente», señaló el experto.

La APCI, en resumidas cuentas, cumple un papel administrativo. A través de su Comisión de Infracciones y Sanciones (CIS) impone multas o amonestaciones a las asociaciones inscritas en su registro luego de realizar un trabajo de análisis mediante sus distintas direcciones encargadas de comprobar si se llegó a cumplir o no la ejecución adecuada del dinero recibido.

LA DILIGENCIA DE CORDERO JON TAY

10:21 de la mañana del martes 15 de agosto. Tengamos presente esa fecha. A esa hora, según el registro de videovigilancia al que Latina Chequea tuvo acceso gracias a un pedido al portal de Transparencia, Ronald Castillo Rojas ingresó a las oficinas de la APCI ubicadas en la avenida José Pardo, en Miraflores. Se trata de un técnico que trabaja para el despacho de María del Pilar Cordero Jon Tay.

En las imágenes lo vemos acercarse a la ventanilla y, mientras se identifica, no deja de hablar por celular. Luego le muestra algo a la persona que lo atiende. El trámite que está realizando un martes por la mañana, en horario de oficina, poco tiene que ver con el Congreso. En el cuaderno de registro de la puerta se anota a nombre de Amistad Perú Latinoamericana (IPREDA), donde su jefa María del Pilar aparece como representante legal, según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

El abogado de Cordero precisó a Punto Final que desde el 29 de julio de 2020 la congresista «no ejerce el rol de presidenta» en la mencionada IPREDA. También afirmó que su patrocinada no es responsable de las demoras de su renuncia en el registro de la Sunat, pero lo que sí es cierto es que Cordero Jon Tay se presentó en la APCI aquella mañana del 15 de agosto y no necesariamente para cumplir labores de legisladora.

Alrededor de las 10:42 a.m., la congresista aparece en escena ante las cámaras. Viste un saco celeste y lleva el rostro cubierto con una mascarilla negra. Ingresa a la APCI, donde hace pocos minutos su trabajador inició una conversación con un funcionario de la agencia, y se une a la charla. Ella, sin embargo, no se registra pese a que en los exteriores está estacionada su camioneta Honda Pilot color plomo, la misma que Rafael Cabrejos, su extrabajador, denunció que manejaba por obligación.

¿QUÉ FUERON A HACER A LA APCI?

¿A qué fue María del Pilar Cordero Jon Tay a la APCI? ¿Por qué acudió, junto con un empleado público pagado por el Estado, a una agencia donde tiene inscrita a su nombre una IPREDA? Pues nada menos que a realizar una diligencia de índole personal. Así lo detalló Milagritos Cunya, secretaria técnica de la Comisión de Infracción y Sanciones de la APCI, a Punto Final.

«(La señora llegó) como una acompañante (de Ronald Castillo). La señora no interviene. Es al señor que se le brinda toda la información y la orientación del caso», aseveró. El caso, según consta en el expediente 44-2023, es una amonestación que se le había impuesto a Amistad Perú Latinoamericana por no presentar durante el 2019, 2020, 2021 y 2022 su declaración anual de actividades a la APCI.

«(Ronald Castillo) vino a consultar sobre esta amonestación, justamente extrañado por qué se le había sancionado si no habían ejecutado recursos de cooperación internacional, si no habían ejecutado ninguna actividad con recursos de la cooperación», indicó la funcionaria de la agencia. Sea como fuere, lo llamativo es que ni Cordero Jon Tay ni Castillo aparecen en el registro oficial de visitas.

Además, resulta curioso que la congresista sí tenga tiempo para realizar estas gestiones en horario laboral y con recurso humano pagado por todos los peruanos, cuando para atender otros asuntos no tiene espacio en su agenda. Ella, precisamente, ha presentado certificados de salud para no participar de audiencias de la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

LA RESPUESTA DE LA DEFENSA DE CORDERO JON TAY

Elio Riera, abogado de María del Pilar Cordero Jon Tay, señaló al programa dominical de Latina que «la congresista» realizó «un trámite como cualquier ciudadano». «Si la crítica es con respecto al trabajador, lo que tendría que tomarse en cuenta es cuál es el perfil del trabajador. El trabajador ostenta un cargo de confianza», señaló. Pero, ¿no es este un tema más personal que parlamentario? «No necesariamente, porque afecta, y directamente, la investidura parlamentaria», dijo.

Sobre el rol que cumplió Ronald Castillo el pasado 15 de agosto, la defensa de Cordero Jon Tay señaló que «este trabajador» podía realizar dichas gestiones por hallarse «dentro del horario de poder ingerir alimentos, en este caso, almuerzo». Una explicación llamativa, por decirlo menos, ya que toda la gestión ocurrió entre las 10:20 y las 11:20 de la mañana.

Para el abogado penalista Luis Vivanco es «incuestionable que la congresista está utilizando recursos del Estado porque el subordinado es un recurso que tiene un valor en términos económicos, por eso es que recibe una remuneración». «Desde mi perspectiva, este y todos los casos donde un funcionario, un congresista, utilice recursos del Estado, que le han sido dados en administración de subordinación para favorecer intereses propios o de terceros, debería ser peculado», explicó.