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En un movimiento que podría tener grandes repercusiones, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, ha decidido solicitar al Poder Judicial que autorice el levantamiento del secreto de las comunicaciones y bancario del expresidente Martín Vizcarra. Este pedido se enmarca dentro de una investigación preliminar sobre la posible concertación con empresas privadas para la adquisición de pruebas rápidas de COVID-19 y la promulgación de normas que favorecieron su inclusión en la política de salud pública.

Villena ha extendido esta solicitud a otros implicados en el caso, incluyendo a la exministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva Luperdi, y los exministros de Salud, María Hinostroza Pereyra y Víctor Zamora Mesía. La Fiscalía busca también que estos exfuncionarios amplíen sus declaraciones, las cuales se programarán conforme a la agenda del Ministerio Público.

El fiscal interino también ha ordenado la recopilación de directivas y recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre el tipo de pruebas a utilizar para detectar el virus durante los primeros meses de la pandemia. Esta información será fundamental para evaluar las decisiones tomadas por el gobierno de Vizcarra en relación con la adquisición de las pruebas rápidas.

Adicionalmente, Villena ha solicitado al Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Lima que informe si se ha obtenido alguna declaración, registro de audio o video, u otro documento que señale la presunta intervención de los investigados en los hechos bajo indagación.

La reapertura de esta investigación preliminar, que se extenderá por 120 días, se debe a las solicitudes de la Procuraduría General del Estado y de la exprocuradora Katherine Ampuero. Los delitos bajo investigación incluyen colusión simple y negociación incompatible, presuntamente en perjuicio del Estado. Durante este periodo, se realizarán todas las diligencias necesarias para esclarecer las responsabilidades y los hechos relacionados con la adquisición de pruebas rápidas durante la administración de Vizcarra.

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