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Durante una conferencia de prensa, Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministro, fue consultado sobre la negación de la junta médica del hospital de regional de Loreto a practicarle un aborto terapéutico a una menor de 11 años, que quedó embarazada tras ser violentada sexualmente por su padrastro.

“Las normas peruanas regulan estos casos. Siempre tiene que presentarse como condición el peligro, la vida y la salud de la madre. Nosotros somos respetuosos de las opiniones de los organismos internacionales. Estamos haciendo un seguimiento muy cercano a este caso a través del Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Salud”, expresó el jefe del Gabinete ante la pregunta del reportero de Latina Noticias. 

¿QUÉ DIJO NANCY TOLENTINO?

Por su parte, Nancy Tolentino, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aseguró que se resguardará «la salud integral» de la menor.

“Es lamentable la violación sexual a nuestros niños, por eso trabajamos de una manera multisectorial y articulada. En lo que va del año, hemos registrado más de 4 mil casos de violación sexual», dijo en un inicio.

«Este caso logró que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en coordinación con el Ministerio de Salud emitieran un informe para en el Instituto Materno haga la evaluación de su salud. Velaremos porque se resguarde su salud integral y se restituyan sus derechos vulnerados”, acotó.

¿DE QUÉ TRATO EL CASO MILA?

‘Mila’ es el seudónimo de una niña, que desde los 7 años, ha sufrido contantes abusos sexuales por parte de su padrastro. Y ahora, que tiene 11 años, la menor quedó embarazada y actualmente cuenta con 17 semanas de gestación. 

Pese a la gravedad del caso, una junta médica del hospital regional de Loreto se negó realizarle un aborto terapéutico. Ante esta situación, la Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por la situación de la menor. 

“Para garantizar el derecho a la salud, incluidos los derechos sexuales y reproductivos y a la vida de la niña (…) instamos a las autoridades correspondientes reconsiderar la decisión de negarle el acceso al aborto terapéutico y garantizarle a Mila, y a todas las niñas y adolescentes embarazadas víctimas de violencia sexual este derecho —con procedimientos seguros y pertinentes a su edad— y dentro de las 22 semanas de gestación que establece el protocolo de este procedimiento médico”, indica el comunicado.

“Pedimos al Estado que, a través de los sectores correspondientes, les asegure el acceso a servicios de salud física, acompañamiento en salud mental, y cuidado en un espacio familiar que les permita restituir sus derechos a la educación y a una vida libre de violencia para que puedan tener un desarrollo integral”, agrega.