El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, no descartó que el Ejecutivo incluya en el pedido de facultades legislativas -que sustentaron el último martes 28 de mayo ante la Comisión de Constitución del Congreso- la modificación de la Ley del Sistema Portuario Nacional que serviría para destrabar controversias como la generada en torno a la exclusividad en el megapuerto de Chancay, que actualmente se discute en el Poder Judicial.
“El problema es que no podría darse la exclusividad y si no se aprobase tendríamos que plantear ver si es posible que nos den en la delegación de facultades para sacar nosotros la norma, que no es lo que queremos, esperamos que esto se debata en el Congreso y se resuelva ahí”, dijo Pérez Reyes tras participar en un evento organizado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) y Macroconsult.
Como se recuerda, el Parlamento aprobó en primera votación modificar la Ley del Sistema Portuario Nacional el 17 de abril pasado. Con 72 votos se respaldó la propuesta que tiene su origen en la iniciativa que el legislador José Cueto (Renovación Popular) presentó ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones para que se cambie los términos de los artículos 9, 10 y 11 de la citada norma.
Sin embargo, a inicios de este mes es que en el Pleno se apoyó una cuestión previa para que el artículo 10 de la nueva ley, donde se habla que la infraestructura portuaria podrá ser entregada en administración al sector privado hasta por 30 años, pero con la posibilidad de que dicho plazo se prorrogue otra vez por el mismo tiempo, vuelva a comisión para que se discuta mejor. Este miércoles 29 de mayo se debería votar una reconsideración a esta decisión.
Mientras tanto, la demanda de la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que se le retire la exclusividad al consorcio Cosco Shipping Ports para que opere en el puerto de Chancay, que entrará en funciones en noviembre próximo, sigue su curso.
El Décimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió trámite la demanda el 14 de mayo pasado. Allí se menciona también que se corre traslado a la parte demandada para que pueda contestar en un plazo de 10 días en el proceso ordinario que se ha iniciado.
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