Por Rodrigo Chillitupa | @RodrigoCT_94
La gestión del alcalde de Miraflores, Carlos Canales, quien afronta un proceso de revocatoria en marcha, contrató a personas inhabilitadas para estar en el sector público y sin reunir los requisitos necesarios para asumir cargos en la municipalidad, de acuerdo a informes de la Contraloría general de la República a los que Latina Noticias tuvo acceso.
Jerry Moreno Ramos fue nombrado como coordinador administrativo del 3 de febrero de 2023 al 3 de febrero de 2024. Por ese lapso percibió como honorarios la suma de S/ 89,500. En este caso, la entidad fiscalizadora anota que esta persona informó que no tenía ningún impedimento para laborar en el Estado, pero no era verdad.
El 18 de febrero de 2021, la Municipalidad de San Isidro resolvió destituir a Moreno del cargo de coordinador administrativo de la gerencia de Recursos Humanos. Cuatro días después es que se le notificó también que se le imponía la sanción de 5 años para volver a ser locador de servicio, es decir, hasta el 19 de febrero de 2026.
Además, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) confirmó que Moreno estaba impedido de trabajar en el sector público en un informe remitido el 8 de abril pasado.
Y el nombre de este personaje aparece en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC). Otro detalle clave es que Moreno, según la Contraloría, había presentado un documento falso que acreditaba que era bachiller en administración, como se requería en los términos de referencia de la contratación convocada por la Municipalidad de Miraflores.
Sin embargo, no es el único caso. La Contraloría halló que lo mismo se repite con Irwin Rentería Anapan, quien fue fiscalizador municipal del 3 de febrero al 6 de marzo del año pasado. En este periodo percibió la cifra de S/ 3,174.
En el caso de Rentería, también tenía una sanción de 5 años de inhabilitación para pertenecer al Estado luego que el 15 de noviembre de 2022 se diera su destitución por falta disciplinaria como inspector de la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
La sanción de Rentería comenzó el 17 de noviembre de 2022 y se mantendrá vigente hasta el 16 de noviembre de 2027.
«Se advierte que funcionarios que desempeñaron el cargo de subgerente de Logística y Control Patrimonial contrataron a través de diversas órdenes de servicios a personas naturales, quienes contaban con sanción de destitución y/o despido vigente, la misma que conlleva la inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública, así como para contratar con el Estado bajo cualquier modalidad […] Los funcionarios de la subgerencia de Logística y Control Patrimonial no efectuaron la verificación previa a la vinculación respecto de personas, de la cual pudieron haber advertido la sanción vigente que les impedía la contratación con la entidad», se lee en el documento.
La entidad fiscalizadora recomendó a la Municipalidad de Miraflores que adopte las acciones correspondientes contra los funcionarios involucrados, así como evaluar la posibilidad de interponer acciones legales debido al perjuicio causado.
Por otro lado, la Contraloría también encontró que la gestión de Carlos Canales colocó a personas que -aparentemente- no cumplían con los requisitos para ocupar cargos dentro de la Municipalidad de Miraflores. Una de ellas es María Montañez Ramos, quien estuvo encargada del área de tesorería de la comuna del 1 de enero al 9 de octubre de 2023.
Si bien Montañez acreditó que contaba con 6 años, 10 meses y 8 días de experiencia profesional, de estos ninguno estuvo vinculado al puesto en el que fue nombrada según el documento del órgano de control. Y es que ella informó que trabajó como abogada en la Subgerencia de Personal de la Municipalidad de Lima, en el Grupo de Inversiones M & C S.A.C., en la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), en el Estudio Jurídico Rivas y Asociados, en la Policía Nacional, en la empresa Pacífico Sur Construcciones Generales S.A.C.
«Por lo expuesto se advierte que el señor Carlos Fernando Canales Anchorena, titular de la entidad, designó a la señora María Victoria Alejandra Montañez Ramos en el cargo de responsable de tesorería con resolución de alcaldía n° 037-2023-A/MM de 1 de enero del 2023, pese a no cumplir el requisito de experiencia específica», se menciona sobre la autoridad edil.
De otro lado, también se indica que ocurrió una situación parecida con Liliana García Yarlequé, quien fue puesta como responsable de control patrimonial de la Municipalidad de Miraflores del 1 de enero al 20 de septiembre de 2023. Se indicó que contaba con una experiencia de 3 años, 8 meses y 4 días para este puesto, pues acreditó que trabajó en la Municipalidad de Santiago de Surco. Allí se desempeñó como analista de la gerencia municipal y apoyo administrativo en la subgerencia de maestranza y servicios generales.
Adicionalmente, García agregó que fue coordinadora administrativa en la empresa Arte Punto Servicios Gráficos EIRL y Farmacias Peruanas. No obstante, la Contraloría hizo una revisión y concluyó que sólo tenía 2 años y 4 meses de la experiencia específica para el cargo que se le solicitaba.
«De forma contraria al mérito, la idoneidad, legalidad y el correcto funcionamiento de la administración pública, dentro de dicho periodo, se permitió el acceso y ejercicio de la función pública de la señora Liliana Lizeth García Yarlequé a pesar de no cumplir los requisitos mínimos del perfil del puesto de responsable de control patrimonial».
La entidad fiscalizadora recomendó al municipio de Miraflores que adopte las acciones correspondientes contra los funcionarios involucrados, así como evaluar la posibilidad de interponer acciones legales debido al perjuicio causado.
Latina Noticias solicitó el descargo de la Municipalidad de Miraflores antes estos nombramientos en la mira de la Contraloría.
Sobre los casos de Jerry Moreno Ramos e Irwin Rentería Anapan, quienes tenían inhabilitaciones para ser parte del sector público, la comuna señaló que en las contrataciones públicas rige, entre otros, el principio básico de “presunción de veracidad”.
Sin embargo, añadió que realizó un control posterior, donde se detectaron algunas posibles irregularidades y cambiaron a los funcionarios que estuvieron a cargo de estas contrataciones. Vale decir, el gerente de Administración y Finanzas, Joaquín Fernando Maraví Miller, y el subgerente de Logística, Félix Leopoldo Mojovich Pita.
«Adicionalmente a esta medida, se dispuso el inicio del proceso disciplinario contra los involucrados y que se interponga una denuncia penal y civil de recupero contra Jerry Moreno e Irwin Rentería a través de la Contraloría», sostienen.
Respecto a las contrataciones María Montañez Ramos y Liliana Lizeth García Yarlequé, refirieron que decidió iniciar un proceso disciplinario contra las personas que hicieron la evaluación incorrecta, así como solicitar a la Procuraduría Municipal que emita el recupero de lo indebidamente percibido, de corresponder.
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