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Por Rodrigo Chillitupa | @RodrigoCT_94

La suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, habría contado con dos redes, interna y externa, que operaban para cumplir con sus objetivos como jefa de la presunta red criminal que se comenzó a gestar en diciembre del 2021, según la denuncia constitucional presentada por la fiscal suprema Delia Espinoza ante el Parlamento.

En el documento al que Latina Noticias accedió se puede observar que Benavides tuvo en sus exasesores Jaime Villanueva, Abel Hurtado y Miguel Girao, así como los entonces fiscales adjuntos supremos provisionales Marco Huamán y Elmer Ríos, como los encargados de elaborar pronunciamientos fiscales que eran requeridos por congresistas a cambio de sus votos a favor de los intereses de la organización criminal.

De igual manera, los excolaboradores de Benavides también buscaron conseguir documentos de otras áreas del Ministerio Público, como el descargo presentado por Manta Barreto Rivera en el procedimiento disciplinario que se seguía ante la Autoridad Nacional de Control de dicha entidad, para que el mismo fuera difundido en los medios de comunicación.

El papel de Villanueva resultó clave porque se encargaba entrevistar a abogados que iban a ser designados como fiscales provisionales, con el fin de que los mismos estén al servicio de los requerimientos de la red delictiva de la exfiscal de la Nación.

«Elaborar decisiones fiscales en el sentido ordenado por Liz Patricia Benavides Vargas, sin que ello necesariamente estuviera arreglado a ley, entre otros», se lee en el documento.

El fiscal adjunto supremo Elmer Ríos era otro hombre de confianza de Benavides porque realizó gestiones ante fiscales para que emitan pronunciamientos en investigaciones que eran de su interés, como el caso del congresista José María Balcázar, y terminó nombrado al frente del equipo del caso Cuellos Blancos, ello para tener acceso a información privilegiada de las investigaciones y también para solicitar la remoción de otros fiscales.

LA RED CONGRESAL

Por otro lado, en la denuncia constitucional contra la aún fiscal suprema Patricia Benavides se anota que la parlamentaria Patricia Chirinos, de Avanza País y comprendida también en este documento, «habría realizado acciones que coadyuvaron a los fines de la organización criminal, consistente en la captación de votos de congresistas a favor de los intereses de la organización criminal o desarrollar acciones desde el Congreso de la República para lograr los objetivos de la organización criminal».

«Como sería la presentación de una moción para la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia; así como los hechos relacionados a la coordinación realizada entre los asesores de Liz Patricia Benavides Vargas y la referida congresista, para que esta última presente una denuncia por prevaricato contra los jueces de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que concedieron una medida cautelar a favor de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, a los cuales se hace referencia en la Disposición n.° 8 emitida en la presente carpeta fiscal», se menciona.

Otra importante colaboradora de la extitular del Ministerio Público resultó ser la parlamentaria Martha Moyano de Fuerza Popular que entre sus objetivos apuntó a sacar al fiscal provincial José Domingo Pérez, quien llevará a juicio a la excandidata presidencial Keiko Fujimori el 1 de julio próximo por el caso ‘Cócteles’.

«En su labor parlamentaria habría participado en la captación de votos de parlamentarios no solo de su bancada, sino de otras, en temas de interés de Liz Patricia Benavides Vargas, acciones que desplegó en busca de lograr la salida de los fiscales José Domingo Pérez Gómez, quien se encontraba a cargo del caso contra Keiko Fujimori Higuchi, presidenta del partido político «Fuerza Popular» y otras personas integrantes de la cúpula del partido y Rafael Vela Barba, coordinador del equipo especial Lava Jato», se agrega.

ABOGADOS EN LAS SOMBRAS

Finalmente, la denuncia constitucional contra Patricia Benavides da cuenta que tuvo coordinaciones con el exministro aprista Hernán Garrido Lecca y abogados como José Luis Hauyón Dall’Orto, quienes le ayudaron a garantizar su permanencia al frente de la Fiscalía de la Nación a cambio de que interviniera en investigaciones diversas. Además, de lograr la inhabilitación de la exfiscal suprema Zoraida Ávalos, nombrar al defensor del Pueblo y remover a la Junta Nacional de Justicia.

La contundente acusación contra la exfiscal de la Nación y la congresista Chirinos ha ingresado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, liderada por Lady Camones (Alianza para el Progreso), que deberá evaluar su admisibilidad o no.

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