En segunda instancia, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó la medida de prisión preventiva por 18 meses contra Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros, debido su presunta participación en el fallido golpe de Estado protagonizado por el entonces presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.
El tribunal, presidido por el juez Supremo César San Martín, desestimó el recurso de apelación presentado por la defensa de Chávez, buscando revocar la resolución emitida por el juez Supremo Juan Carlos Checkley el 8 de marzo, que rechazó su solicitud de cese de la prisión preventiva.
La defensa legal de Chávez argumentó que la resolución afectaba diversos derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la presunción de inocencia y a la salud de la acusada. No obstante, la Sala Suprema determinó que existían suficientes indicios para mantener la medida cautelar, justificando así la decisión de mantener a Chávez bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso penal en su contra.
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