zoraida avalos
El Poder Judicial ha confirmado la incorporación de la Procuraduría General del Estado como “actor civil” o “parte agraviada” en la investigación preparatoria seguida la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Esta decisión se basa en la suspensión de las investigaciones iniciadas por su despacho contra el entonces presidente Pedro Castillo hasta que culminara su mandato en 2026, una acción tomada tras interpretar el artículo 117 de la Constitución Política del Perú.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema tomó esta medida al declarar infundado el recurso de apelación presentado por Ávalos, quien buscaba revocar la resolución emitida por el juez Supremo Juan Carlos Checkley el 3 de octubre de 2023. En dicha resolución, Checkley rechazó la oposición de Ávalos al pedido de la Procuraduría General de constituirse como «actor civil» o «parte agraviada» en el caso.
El tribunal, presidido por el juez Supremo César San Martín, determinó que los agravios presentados en el recurso de apelación no desvirtúan los fundamentos de la resolución impugnada, al no encontrarse defectos en el auto impugnado. Por lo tanto, la apelación fue declarada infundada, confirmando así la decisión anterior.
La Procuraduría General del Estado ha solicitado que Zoraida Ávalos pague una suma inicial de 200 mil soles como reparación civil al Estado debido a este caso.
Aún está pendiente un pronunciamiento respecto al recurso de apelación presentado por la Procuraduría General del Estado, el cual busca revocar la resolución del juez Supremo Juan Carlos Checkley del 23 de noviembre de 2023. En esa resolución, Checkley declaró el sobreseimiento o archivo de la investigación preparatoria contra Ávalos al aceptar un recurso de excepción de improcedencia de acción presentado por su defensa. Este recurso sostiene que los hechos atribuidos a la exfiscal no constituyen el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en agravio del Estado.
El pasado 29 de abril, la Tercera Sala Constitucional de Lima ordenó la reincorporación de Zoraida Ávalos como Fiscal Suprema Titular del Ministerio Público. Esta decisión fue el resultado de una demanda de amparo que declaró fundada, en parte, la solicitud de Ávalos para dejar sin efecto la inhabilitación de cinco años para ejercer cargos públicos impuesta por el Pleno del Congreso de la República en junio de 2023 por una presunta infracción constitucional relacionada con este caso.
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