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El último 8 de julio se dio a conocer que la jefa de Estado, Dina Boluarte, y el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, enviaron una carta conjunta a la Corte IDH rechazando los términos de su resolución, ya que en ella instó a los tres poderes del Estado a no adoptar, dejar sin efecto o no otorgar vigencia al proyecto de ley que intenta limitar el alcance de los delitos de lesa humanidad.

Al respecto, en declaraciones a la prensa, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, indicó que la Corte no tiene facultad para ordenar a los poderes del Estado -incluyendo el Poder Judicial- sobre cómo proceder en sus decisiones.

«Los jueces peruanos decidirán si la ley se aplica o no. La Corte Interamericana no tiene que decidirnos nada. No tenemos por qué retirarnos de la CIDH, que tiene sus atribuciones, pero cuando se excede, obviamente, tenemos que ponerle un límite«, expresó.

«SI UN JUEZ CONSIDERA QUE ES INCONSTITUCIONAL, LA INAPLICARÁ VÍA CONTROL DIFUSO»

En esa línea, mencionó que la aplicación de la ley dependerá de los jueces peruanos, quienes decidirán si es constitucional o no mediante el control difuso.

«Si la ley se promulga, entrará en vigencia, y si un juez considera que es inconstitucional, contraria a convenios, la inaplicará vía control difuso, fundamentando; y si la considera adecuada a los estándares, la aplicará«, explicó el titular del Poder Judicial.

Asimismo, en cuanto a la prescripción de delitos relacionados con estos casos emblemáticos, aseveró que no se puede influir en las decisiones judiciales, pues eso atentaría contra la independencia de los jueces. «Cada juez deberá resolver de acuerdo a derecho y a las circunstancias específicas de cada caso«, remarcó.

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