En estudios, Mónica Delta entrevistó al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, sobre la demanda competencial interpuesta por el Ejecutivo, además de la denuncia constitucional contra Dina Boluarte.
Como es habitual cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 2 de junio.
En marzo del 2023, durante el allanamiento a los llamados “Niños del Congreso”, la Fiscalía encontró 33 mil soles y 71 mil dólares debajo del colchón y en un closet en la casa del congresista José Alberto Arriola Tueros. El entonces vocero de Acción Popular dijo que ese dinero era producto de sus ahorros de más 50 años de trabajo. Luego surgió una denuncia periodística contra Arriola por recortar el sueldo a los trabajadores de su despacho, pero en el Congreso, casi un año después, en abril de este año, la Comisión de Ética aprobó por mayoría sancionarlo con una amonestación pública escrita e imponerle una multa de 30 días de sueldo. Sin embargo, en la fiscalía, las investigaciones han avanzado. Cinco extrabajadores de Arriola han manifestado que el parlamentario les exigía entre 10 y 15% de sus sueldos y bonos. Christopher Acosta y su equipo de la Unidad de Investigación de Latina Noticias han accedido en exclusiva a los testimonios, váuchers y chats, pruebas contundentes contra el congresista Arriola.
El próximo martes termina la investigación sobre el secuestro de Jackeline Janina Salazar Flores. Además de “Narizón”, “Cheto” y “Cejón”, los tres sujetos detenidos en el lugar del cautiverio, hay otros involucrados. Para los investigadores, uno de los autores intelectuales está en el entorno más cercano de la empresaria deportiva. El martes pasado, los policías siguieron una pista dada por la geolocalización de los celulares usados por los secuestradores y llegaron a la funeraria San Martín, cuyo dueño es Jesús Santos Victorio Acuña. La sorpresa fue grande porque la actual pareja de Santos Victorio es hermana del papá de Jackeline. Santos Victorio y su hijo, Jesús Abraham Victorio Vallejos, tío y primo político de Jackeline están con detención preliminar. Jorge Dett entrevistó a la hija del empresario funerario, quien ha revelado información importante.
El verdadero frío, en el testimonio de Alfonso, un reciclador con una memoria prodigiosa que vive en la puerta de un hospital abandonado desde hace 7 años, un hospital inmenso que no atiende a nadie y que sirve de refugio de este personaje que es querido por los vecinos, es el frío de la gente que no tiene un techo, ni una frazada. Este hospital abandonado lo comparamos con el de SJL que colapsa y encima los médicos no van. Tenemos cifras y datos sobrecogedores sobre el incremento de casos de crisis respiratorias. La crónica es de Roberto Ramírez.
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) se ha quedado sin apoyo de policías especializados. Tras la salida del coronel Harvey Colchado, siguió la desactivación del Equipo Especial Policial, pero estos hechos no son aislados. Según un testimonio inédito, al que accedió Rodrigo Cruz, la orden de dejar sin brazos a las fiscalías coordinadas por Marita Barreto vino desde Palacio de Gobierno y contó con el apoyo del exministro del Interior, Walter Ortiz y del actual titular de esa cartera, Juan José Santivañez. Según las pruebas recogidas, la desactivación empezó cuando el Ejecutivo se enteró de la investigación secreta al hermano de la presidenta Boluarte.
Tal como anunciamos el domingo pasado, se venía una denuncia constitucional contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por cohecho en el caso Rolex. El lunes pasado, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena la presentó ante el Congreso y eso ha impulsado a los ministros a aprobar una demanda competencial contra la Fiscalía para que la presidenta no sea investigada salvo por las causas expuestas en el artículo 117 de la Constitución (traición a la patria, cierre de Congreso o detener el trabajo de los jefes electorales). Mientras esa demanda se evalúa en el TC, Carlos Hidalgo ha revisado a profundidad la denuncia constitucional y ha encontrado testimonios importantes que han puesto en una situación complicada a la presidenta Boluarte por recibir los relojes Rolex del gobernador de Ayacucho. Wilfredo Oscorima, ahora, ya no quiere ser considerado el ‘wayki’ de Boluarte. Pues, ha anunciado que encabezará una marcha contra el gobierno si no le asignan un presupuesto de mil millones de soles para el 2025.
En febrero de este año, el amigo del expresidente Martín Vizcarra y exfuncionario de Provías Descentralizado, Alcides Villafuerte, se acogió a la colaboración eficaz en el caso de “Los Intocables de la Corrupción”, que -según la fiscalía- es liderada por el propio Vizcarra, y devolvió medio millón de soles obtenidos ilegalmente por sobornos en un caso que involucra a una empresa china. Esta semana, el nombre de Alcides Villafuerte volvió a saltar en otra denuncia contra otra empresa china que Harold Moreno está investigando. Durante la pandemia, el Gobierno dio normativas para apoyar con dinero a implementar medidas contra el Covid. Al Consorcio Vial Pucahuasi, encargado de la obra de la carretera Ayacucho – Apurímac, le asignó 2 millones de soles para gastos Covid por 2 años. Para cobrar ese dinero, una de las empresas integrantes del consorcio, Railway 10, presentó facturas que la empresa peruana subcontratada por el Consorcio ya las había presentado. El encargado de dar el visto bueno a esos documentos contables duplicados fue Alcides Villafuerte. La dueña de la empresa peruana perjudicada denunció el hecho ante Carlos Revilla, sin saber que era del grupo de Villafuerte y de Vizcarra. La denuncia quedó en nada.
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