Como es habitual en cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 9 de marzo del 2025.
Roberto Ramírez presenta las irregularidades en la construcción de uno de los edificios afectados por el devastador incendio que inició el 3 de marzo en Barrios Altos y que hoy, tras más de 130 horas, aún no logra extinguirse. Esta construcción, que funcionaba como almacén de productos importados, ya había sido clausurado en 2023, pero volvió a funcionar en 2024 sin realizar cambios estructurales. Cabe resaltar, que este siniestro ha dejado 11 familias damnificadas y 17 bomberos sufrieron malestares por la inhalación de gases tóxicos.
El Observatorio del Delito y la Criminalidad ha elaborado un informe sobre la producción policial entre el 2020 y 2024, que detalla la cantidad de bandas y organizaciones criminales desarticuladas, así como el número de detenidos. La Unidad de Investigación de Latina Noticias tuvo acceso a dicha información y presenta diversos hallazgos, como que en noviembre del 2024 se desarticularon solo 6 bandas criminales. Esta es una cifra muy baja que solo se compara con la cantidad de enero 2021, que corresponde a una época en medio de la pandemia de Covid-19.
La Fuerza Aérea del Perú ha presentado una denuncia penal contra el congresista de Podemos Perú, Edgar Tello, por los presuntos delitos de usurpación agravada y patrocinio ilegal tras supuestamente haber apoyado a un civil en un litigio sobre la propiedad de un terreno.
El caso se remonta a noviembre del 2024, cuando Tello y un grupo de personas, incluido el exministro de Defensa y del Interior, Mariano Gonzáles, fueron grabados ingresando a un terreno de propiedad de la FAP ubicado en la playa de Lurín, al argumentar que se trataba de una propiedad privada. Pese a que este terreno pertenece a la Fuerza Aérea desde 1983 (con inscripción en SUNARP incluida), el ingeniero Jahn Toledo Palomino sostiene desde julio del año pasado que cuenta con el título de propiedad. Es en esta disputa en la que intervino el parlamentario.
Rafael Manuel Ruíz Hidalgo fue designado miembro titular de la Junta Nacional de Justicia el 28 de octubre del 2024 a pesar de haber sido condenado por prevaricato en su calidad de juez suplente de un juzgado laboral en diciembre del 2010. La ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia señala que ninguna persona condenada por delito doloso puede postular al cargo, incluso si ya cumplió la pena. Los antecedentes penales presentados por Ruíz no evidenciaba dicha condena, a la que tuvo acceso Punto Final. Ello ocurrió debido a que el expediente de su sentencia y condena fue ingresado al archivo de la Corte Suprema tras su elección; de esta manera, no se pudo saber su existencia durante el proceso de selección.
El estudio de abogados del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha llevado la defensa de actuales funcionarios del Estado que ocupan altos cargos. Punto Final detectó varios de ellos, como por ejemplo el amparo que presentó a favor del actual viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, César Guardia Vásquez para ser reincorporado a la Policía. También representó en 2022 al coronel de la policía en retiro Rómulo Reyes, actual director de Participación Ciudadana del Mininter para reclamar por sus beneficios legales en la Policía en el marco de una acusación por homicidio calificado. Asimismo, una abogada del estudio de Santiváñez defendió a Flor Sobero Niño, prima del congresista Américo Gonza y actual funcionaria de la Defensoría del Pueblo, en junio del 2024.
El juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo inició el martes 4 de marzo en medio de un grito de desesperación del exmandatario al afirmar que todo era una farsa y dejando en claro que no reconocía la legitimidad del proceso. El exjefe de Estado es acusado de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. El Tribunal le asignó un abogado de oficio a Castillo Terrones, luego de que este último rechazara su defensa legal. Este juicio podría llevar al expresidente a una pena de 34 años de prisión.
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