La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República verá con «celeridad» las denuncias constitucionales que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Hará lo mismo con la imputación de la congresista Ruth Luque contra la cabeza del Ministerio Público.
Lady Camones, presidenta de la mencionada subcomisión, afirmó que ambas denuncias se revisarán en la sesión de este martes 28 de noviembre. Para ella, ambos temas tienen que ser revisados con «celeridad» ya que se tratan de «denuncias delicadas».
«Hoy en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales he recibido dos denuncias, una de la fiscal de la Nación que denuncia a Boluarte y al presidente del Consejo de Ministros, y otra que ha presentado Ruth Luque contra fiscal de la Nación», comentó Camones al diario El Comercio.
La presidenta de la subcomisión agregó: «En efectos de no ser cuestionada por adelanto de opinión, voy a evitar pronunciarse, se va a atender con celeridad los dos casos porque son denuncias delicadas. Mañana vamos a dar cuenta de estas dos denuncias, van a venir las etapas de estos procesos».
Latina Noticias obtuvo en exclusiva la carpeta fiscal N.° 331-2023 donde se detalla la denuncia constitucional contra Dina Boluarte Zegarra, en su condición como presidenta de la República, Alberto Otárola Peñaranda, como ministro de Defensa, y César Cervantes Cárdenas, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero, quienes ocuparon el titularato de la cartera del Interior, respectivamente.
En el documento, que fue ingresado por Mesa de Partes del Congreso de la República a la 1:03 de la tarde, se detalla el proceso de investigación contra los imputados y los delitos que habrían cometido en la ocupación de sus cargos.
Los cinco imputados han sido acusados como autores de los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves en agravio de las víctimas de las manifestaciones sociales. En el caso de Dina Boluarte, la carpeta fiscal detalla que la jefa de Estado es la autora por omisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en las modalidades de homicidio calificado y lesiones graves.
Para la Fiscalía, la presidenta pudo detener los ataques que las Fuerzas Armadas hizo contra la población y sustentó que la máxima autoridad tuvo conocimiento por información oficial de los ministerios involucrados y de las jornadas periodísticas.
Se lee que este ilícito penal está previsto y sancionado en el artículo 108 del Código Penal a título de dolo eventual en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos en agravio de Christopher Ramos, José Aguilar, Rosalino Flores, Sonia Aguilar y Víctor Quispe. Asimismo, contra Renato Murillo por lesiones graves.
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