Aunque como candidata a la alcaldía de Lima dijo que no estaría involucrada en pagos de favores, tres años después, Susana Villarán aceptó dinero de las constructoras Odebrecht y OAS tras verse acorralada por el pedido de revocatoria.
En entrevistas periodísticas dijo tener las «manos limpias», mientras que en el mismo Congreso siguió negando tener relación alguna con las constructoras brasileñas. «Nunca he solicitado ni a Pereyra ni a nadie más fondos para campaña», dijo bajo juramento ante la comisión Lava Jato en el 2017.
Sin embargo, su actitud cambió tras las últimas declaraciones del exdirectivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata. Durante su citación al Congreso el pasado martes, la exalcaldesa de Lima prefirió el silencio al ser abordada por la prensa.
El pasado sábado, Susana Villarán optó por acabar con el silencio. En diálogo con una radio local aceptó conocer de los aportes a la campaña del NO a la revocatoria y los justificó como una forma de «darle gobernabilidad a Lima».
Este martes se retomará la audiencia donde se estudiará el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra Villarán y otros funcionarios de su gestión. El juez Jorge Chávez Tamaríz dijo que emitirá su pronunciamiento el jueves de la semana en curso.
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