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El terrorista Víctor Polay Campos, fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), ha presentado una demanda contra el Estado peruano.

Hoy se dio a conocer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la demanda planteada por familiares y personas allegadas al cabecilla emerretista. El documento fue firmado por sus familiares directos Otilia Campos y Otrilia Clemencia Polay, así como el expresidente del Consejo de Ministros y exparlamentario, Javier Valle Riestra, junto a los abogados Javier Mujica y César Oyola.

Este delincuente, que purga 35 años de prisión por diversos crímenes, considera que se han violado sus garantías judiciales. De acuerdo a su defensa legal, se habrían cometido actos de tortura en su detención, y considera que se vulneró su libertad religiosa y estudios durante su encierro.

Estos aspectos son contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos como parte de los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales, al principio de legalidad y no retroactividad y a la protección judicial.

Como se recuerda, Víctor Polay Campos se fugó de prisión en 1990, pero fue recapturado. Si bien en un primer momento fue sentenciado por un ‘juez sin rostro’, posteriormente fue juzgado otra vez y condenado. En ese momento, él y su defensa legal dijeron estar de acuerdo con la pena impuesta.

PROCESO DE LA DEMANDA DE VÍCTOR POLAY CAMPOS CONTRA EL ESTADO PERUANO

La admisión de la demanda por parte de la CIDH implica el desarrollo de un proceso sobre el tema que podrá ser materia de una audiencia entre los demandantes y el Estado peruano. Al final se dará un pronunciamiento de índole no vinculante por parte de la comisión.

En tanto, de no acatarse las recomendaciones incluidas en este documento, la mencionada instancia podrá llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Cabe aclarar que el informe emitido por la misma CIDH ha indicado que «el propósito no es determinar la inocencia o culpabilidad del señor Víctor Polay Campos, sino definir si las autoridades judiciales han afectado o no obligaciones estipuladas en la convención», esto se refiere a temas vinculados a derechos humanos durante el proceso.