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La compañía minera Southern Perú informó que desde este lunes 1 de julio reiniciará sus actividades en el proyecto cuprífero Tía María, ubicado en la provincia de Islay, en la región de Arequipa, así lo informó la empresa en un reciente comunicado interno, que también detalla que desde el 2019 cuentan con la autorización para la construcción.

En el memorando, el presidente ejecutivo de la empresa extractiva, Oscar Gonzales Rocha, indicó a su personal que, a nivel provincial, regional y nacional, ya están «dadas las condiciones sociales y políticas» para retomar la iniciativa privada. ¿Por qué se paralizaron las operaciones?

¿POR QUÉ SE PARALIZÓ TÍA MARÍA POR PRIMERA VEZ?

El proyecto minero Tía María de Southern Copper, que busca explotar los yacimientos de cobre La Tapada y Tía María, ha enfrentado una larga historia de controversias y desafíos desde que fue anunciado en 2007.

Inicialmente, la compañía presentó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en 2009, pero enfrentó una fuerte oposición de la comunidad local en la provincia de Islay, debido a preocupaciones sobre el impacto ambiental y la experiencia previa de contaminación de Southern en la región.

En respuesta a las críticas y para aumentar la credibilidad del proyecto, el gobierno peruano solicitó una revisión del EIA por parte de UNOPS en 2011. Este informe encontró 138 observaciones centrales en el estudio inicial, especialmente en lo referente a estudios hidrogeológicos y la implementación de una planta desaladora comprometida por Southern. Por ello, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) tuvo que rechazarlo.

En esas primeras protestas contra el proyecto Tía María, las cuales se dieron durante la primera semana de abril del 2011, los habitantes del valle del Tambo bloquearon vías y fueron repelidos por la Policía, lo que ocasionó cuatro muertes.

EL SEGUNDO INTENTO DE TÍA MARÍA DEJÓ MÁS FALLECIDOS

Durante el gobierno de Ollanta Humala en 2015, se renovó la controversia en Islay debido a la aprobación del nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por Southern Perú para el proyecto. Esto desencadenó fuertes protestas en el valle del Tambo, donde los residentes exigieron que el estudio fuera revisado por una entidad internacional.

Las protestas entre abril y mayo de 2015 resultaron en violentos enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, con trágicas consecuencias: tres manifestantes murieron por disparos de armas de fuego y un brigadier de la Policía Nacional del Perú (PNP) falleció por golpes recibidos.

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