Visitantes de Josué Gutiérrez lograron órdenes de servicio con la Defensoría del Pueblo por casi 32 mil soles

Por Rodrigo Chillitupa | @RodrigoCT_94

Josué Gutiérrez Cóndor es el titular de la Defensoría del Pueblo desde el 19 de mayo del 2023. Fue elegido en el Congreso de la República con los votos en sintonía de Perú Libre, su principal promotor al cargo, y Fuerza Popular, que resultó clave para salir como triunfador en el proceso que se suspendió previamente en dos ocasiones.

Tras instalarse en su nuevo puesto, Gutiérrez ha recibido una serie de visitas a su despacho. Latina Noticias ha revisado algunas de ellas que se han dado en los últimos meses y encontró que personas que se reunieron con el actual defensor del Pueblo después ganaron órdenes de servicio con el Estado.

Pedro Chappell Casanova se juntó con Josué Gutiérrez entre las 7:46 a 10:55 de la mañana del 18 de septiembre del año pasado. Tras esa cita de trabajo, Chappell logró casi un mes después una orden de servicio de S/ 4 500 para colaborar con la Oficina de Logística de la Defensoría por un plazo de 60 días.

Otro caso es de la abogada Rosmery Barrantes Serrano, quien sostuvo dos encuentros con el defensor del Pueblo el 8 y 11 de enero de este 2024. Quince días después, Barrantes con una orden de servicio por S/ 5 000 para trabajar en la Oficina de Desarrollo Estratégico y Cooperación Internacional (ODECI) por 30 días.

De otro lado, Latina Noticias encontró también que Silvia Trujillo Rubín visitó a Josué Gutiérrez el 16 de enero entre las 9:59 de la mañana a 6:50 de la tarde. Nueve días después es que se observa que obtuvo una orden de servicio de S/ 12 000 para estar en el área de tesorería por un plazo de 90 días.

Un detalle a tomar en cuenta en el caso de Trujillo es que un informe de la Contraloría general de la República indicó que esta persona no cumplía con tener cinco años en sectores públicos y privados, así como dos años en concreto en temas de administración y tesorería.

Finalmente, tenemos a la comunicadora Katia San José Valerio, quien llegó al despacho del defensor del Pueblo el 17 de enero entre las 8:26 a 11:49 de la mañana. Después de ello es que se le contrató sus servicios para la Oficina de Desarrollo Estratégico y Cooperación Internacional (ODECI) por S/ 10 000 y con un tiempo de 60 días.

Un punto a tomar en cuenta es que estas personas nunca habían contratado con la Defensoría del Pueblo hasta la llegada de Josué Gutiérrez.

POSIBLE DELITO Y FALTA

Latina Noticias buscó la opinión de la experta en contrataciones con el Estado, Mónica Yaya, quien refirió que las contrataciones posteriores a las visitas a Josué Gutiérrez son ilegales y aporta un indicio de la comisión del presunto delito de tráfico de influencias.

«Ellos (los jefes) dicen que pueden entrevistar a quienes van a trabajar en la institución. Eso es falso porque en el procedimiento de contrataciones no hay ninguna etapa que diga que el titular de la institución pública puede entrevistar a los postulantes o a quien tenga previsto participar en una contratación. No hay ninguna norma que los faculte para ello», indicó.

La expresidenta del tribunal de la OSCE consideró que las órdenes de servicio obtenidas por los visitantes de Gutiérrez resultan «irregulares» y «antidemocráticos» porque por ese mismo procedimiento no pasan otros aspirantes. «Esto es producto del mal ejemplo que dan el premier Otárola y la misma señora Boluarte con los amigos de su hermano», anotó.

Por su parte, el abogado penalista Mario Amoretti indicó, en diálogo con Latina Noticias, que la Fiscalía debería iniciar una investigación contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por estos visitantes que luego ganan contratos con la entidad.

«La Fiscalía debería iniciar una investigación para determinar si se trata de un acto irregular administrativo o se trata de la comisión de un acto delictivo. Ahora, si se ha dado la contratación previa a la visita del contratante, estaríamos hablando del delito de colusión«, indicó.

El exdecano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) refirió que el delito de colusión se castiga con una pena entre 3 a 15 años de prisión efectiva. «Si un funcionario público recibe a una persona que posteriormente se le va a dar una orden de servicio, deja mucho que desear», anotó.

DESCARGOS

Latina Noticias buscó el descargo del defensor Josué Gutiérrez, pero nota no obtuvimos respuesta. Desde la institución respondió, Juan Carlos González, secretario general de la Defensoría, quien indicó sobre las visitas a Gutiérrez que «administrativamente no existe ningún impedimento o norma ética o jurídica que prohíba que alguien que haya tenido alguna visita con alguna autoridad, de la Defensoría o Ministerio (…) sea descalificado posteriormente para obtener un contrato con la entidad».

En esa línea, González respondió que cada caso mencionado en esta nota que no genera ningún vínculo laboral porque están por «locación de servicios» que ni siquiera lo ve el área de personal, sino desde la Oficina de Administración y Finanzas. Seguidamente, aclaró los servicios que cada visitante de Josué Gutiérrez brinda.

«En el caso de la señorita (Katia) San José, ella tiene un contrato por dos meses para ver el tema de protocolo que nos gustaría incorporar a la entidad en la parte administrativa de manera formal, pero que no lo tenemos aún. Es necesario porque se vienen una serie de actividades en la Defensoría que nos ha visto necesario contar este servicio que lo tenemos hasta el 25 de marzo. Ella entrega el producto, termina las actividades que se le han encargado y termina su contratación», manifestó.

«Respecto a Silvia Trujillo, tiene una contratación del 25 de enero al 22 de abril. Ella está en el área de tesorería porque tenemos varias bajas en la parte administrativa y así que es importante tener gente para poder terminar los expedientes de contratación que están finalmente en tesorería por el tema de los pagos. Esto porque tenemos una oficina de control interno, la propia Contraloría y la oficina de integridad que formalmente no está pidiendo documentación de cada trimestre del año. Por eso, no nos da abasto coberturar este requerimiento», añadió.

No obstante, Latina Noticias le hizo la consulta a González por el informe de la Contraloría que observó la contratación de Trujillo. Al respecto, respondió: «El tema es que lo está viendo la Oficina de Control Institucional (OCI). Lo que está haciendo es una precisión respecto a que ella, como usted lo acaba de explicar, no cumpliría (los requisitos). El tratamiento regular es cursarle a ella una carta notarial para que evidencia que ella cumple con los requisitos. De no ser el caso, no solo se estaría prescindiendo sus servicios, sino también se tomarían medidas legales con una denuncia por faltar a la verdad».

«Ella (Rosmery Barrantes Serrano) tiene una cuestión puntual porque se está encargando de la sistematización del informe anual. Solamente ha tenido un contrato del 27 de enero al 25 de febrero que acaba de terminar y presentó su informe. No tiene ninguna función ni va a desarrollar alguna otra función. Esta área de la Oficina de Cooperación Internacional es que se encarga de la elaboración de un informe anual desde la existencia de la Defensoría. Informe anual que la Defensoría tiene que presentar ante el Congreso», anotó.

«Sobre el señor Pedro Chappell, prestó sus servicios el año pasado desde el 17 de octubre al 15 de diciembre por mil quinientos soles mensuales. Su trabajo era el ordenamiento de los expedientes de contratación. Estaba en la Oficina de Logística porque en el último trimestre tenemos que cerrar para poder elaborar nuestros informes que debemos presentar ante la Contraloría y los órganos de control necesario», finalizó.