Vladimiro Montesinos
Este miércoles 31 de enero, el Poder Judicial, a través de la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, condenó a 19 años y 8 meses de prisión a Vladimiro Montesinos por el delito de homicidio por los casos de Caraqueño (Pativilca) y La Cantuta. Cabe recordar que el imputado se acogió a la terminación anticipada.
Asimismo, la entidad señaló que el exasesor de Alberto Fujimori deberá realizar el pago de 500 mil soles como reparación civil a favor de los deudos y 5 años de inhabilitación en la función pública.
El último 29 de enero, Vladimiro Montesinos, exasesor de Alberto Fujimori y acusado por la matanza de Pativilca, donde seis comuneros fueron asesinados en el 1992, aceptó el proceso de conclusión anticipada, con el cual acepta los cargos que se le imputan. Asimismo, la defensa de Montesinos ha pedido que la condena sea concluida, pues ya lleva más de 22 años en prisión.
A 10 minutos del término del juicio oral contra el expresidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y otros acusados por homicidio, asesinato y desaparición forzada por el caso Pativilca (Caraqueño) y La Cantuta, la presidenta de la Cuarta Sala Penal Superior, Miluska Cano López, consultó a la defensa de ambos si habían conversado con sus patrocinados sobre la conclusión anticipada y cuál era la decisión que habían tomado al respecto.
El abogado de Vladimiro Montesinos, Arturo Vizurraga, quien anunció que sería el exasesor quien confirme si aceptaría o no dicha medida.
«Sí, acepto, señora presidenta», fue la respuesta de Montesinos.
«¿Se acoge usted a la conclusión anticipada del juicio de conformidad con el artículo quinto de la ley 28122?», preguntó la magistrada.
«Sí, señora presidenta», contestó el exasesor de Alberto Fujimori.
«¿Su señor abogado le ha explicado todos los alcances de esta manifestación de voluntad que usted está haciendo?», volvió a preguntar Cano López, a lo que el acusado confirmó por tercera vez la aceptación de la conclusión anticipada.
Cabe resaltar que dicha medida contempla la aceptación de las imputaciones penales y la reparación civil que solicita la otra parte.
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