La Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho realizó la entrega y restitución digna de los restos óseos y elementos asociados de 11 víctimas del ‘Caso Pucayacu’.
Los restos óseos corresponden a los ciudadanos Alejandro Araujo Cabezas, Germán Santiago Huamán, Marcelino Quispe Rojas, Toribio Huachaca Quispe, Víctor Manuel Cruz Curo, Mariano Mancilla Muñoz, Julián Cunto Chocce, Romualdo Quispe Ramos, Alejandro Gutiérrez Taipe, Gregorio Ñaupari Ramos y Erasmo Oré Soto; quienes fueron identificados por el Equipo Forense Especializado y la Unidad de Biología Molecular y Genética de Ayacucho del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público.
Se emplearon procedimientos forenses y de ADN, los cuales fueron realizados respetando —de manera estricta— los procesos y estándares internacionales.
El acto de restitución —que tuvo como objetivo dar cabal cumplimiento a la atención a las víctimas de casos de graves violaciones de derechos humanos— contó con la participación de la coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad, Raquel Cárdenas Manrique; el jefe del Instituto de Medicina Legal, Raphael Anaya Caldas; y el representante de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia, José Coloma Marquina.
Asimismo, participaron el fiscal provincial Milton Felices Prado y la fiscal adjunta Jenny López Rojas, a cargo del caso, de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho; representantes del Equipo Forense Especializado (EFE) del Ministerio Público, del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y familiares de las víctimas.
Los cuerpos entregados a sus familiares forman parte de los 50 cadáveres que fueron hallados, el 22 de agosto de 1984, en la zona denominada Pucayacu, en la provincia de Huanta, departamento de Ayacucho; los cuales se encontraban distribuidos en cuatro fosas y, tras su hallazgo, fueron llevados al Hospital de Huanta, donde se les efectuó la necropsia de ley y, posteriormente, fueron enterrados en dos fosas del cementerio general de Huanta sin haber sido identificados plenamente.
Fue en 2009, cuando el EFE realizó la intervención forense arqueológica en el citado camposanto, donde se recuperaron los cuerpos, que —desde el 2016— vienen siendo identificados y restituidos.
Según la investigación fiscal, estas personas habrían sido detenidas en la comunidad altoandina San Antonio de Culluchaca, entre julio y agosto de 1984, por miembros de la Marina de Guerra del Perú; quienes los habrían ultimado tras sindicarlos como terroristas.
Al término del acto de restitución, los ataúdes fueron conducidos por sus familiares y las autoridades presentes, mediante un cortejo fúnebre, alrededor del Parque Central de Huanta. Posteriormente, fueron trasladados a las localidades solicitadas por sus parientes, donde recibirán una digna sepultura.
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