Extorsionadores podrían recibir hasta cadena perpetua tras nueva norma

Extorsionadores podrían recibir cadena perpetua, según modificación de Decreto Supremo

Si un efectivo policial atrapa a un extorsionador y la justicia lo declara culpable, este sujeto podría pasar el resto de su vida en la cárcel. Esta nueva medida fue promulgada este jueves a través del Decreto Legislativo 1611, norma que endurece las penas contra el delito de extorsión y otros delitos conexos como la organización criminal. El decreto legislativo modifica los artículos 200 y 317 del Código Penal.

¿TAMBIÉN SE EXTORSIONA EN EL APARATO PÚBLICO?

La extorsión tiene varios agravantes y eso dependerá de la manera en cómo se ha efectuado este ilícito. La más común que acecha es, por ejemplo, la exigencia de dinero a los propietarios de los negocios a cambio de su tranquilidad y la de su familia. La norma establece que la pena será no menor de 10 ni mayor a 15 años. Esta medida se aplicará también a quienes formen parte de la banda suministrando información de las probables víctimas.

Resalta en el Artículo N. 200 que la extorsión también puede darse en las entidades públicas. «El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener a las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años», se lee en la norma.

La medida alcanza también al funcionario público que participe en una huelga con el objeto de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja económica indebida y será sancionado con la inhabilitación. Para este caso, la pena será no menor de 15 ni mayor de 25 años. Sobre lo mencionado, se considerará estos agravantes para que el juez tenga en cuenta cuando dicte sentencia:

“DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA MEDIDAS ESPECIALES PARA LA PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE EXTORS… by María de los Ángeles Serrano Vargas on Scribd

A mano armada o utilizando artefactos explosivos o incendiarios.
Participando dos o más personas.
Contra el propietario, responsable o contratista de la ejecución de una obra de construcción civil pública o privada, o de cualquier modo, impidiendo, perturbando, atentando o afectando la ejecución de la misma.
Aprovechando su condición de integrante de un sindicato de construcción civil.
Simulando ser trabajador de construcción civil.
Mediante el empleo de imágenes del entorno familiar, empresarial, laboral o social, u objetos perturbadores de peligrosidad, entregados, exhibidos, difundidos directa o indirectamente por cualquier medio a la víctima.

¿A CUÁNTO SE ELEVA LA PENA SI EL EXTORSIONADOR TOMA DE REHÉN A SU VÍCTIMA?

Para estos casos, la norma es clara. Precisa que si el agente (delincuente) toma de rehén a su víctima para obtener una ventaja económica u otro beneficio, el juez podrá ordenar su internamiento al penal entre 20 y 30 años si es que considera los siguientes agravantes:

Dura más de 24 días.
Se emplea crueldad contra el rehén.
El agraviado ejerce función pública o privada o es representante diplomático.
El rehén adolece de enfermedad grave.
Es cometido por dos o más personas.
Se causa lesiones leves a su víctima.

Sin embargo, el juez podrá ordenar cadena perpetua contra el delincuente siempre y cuando se evidencien estos agravantes:

El rehén es menor de edad o mayor de los 70 años.
El rehén es persona con discapacidad y el agente se aprovecha se esta circunstancia.
Si la víctima resulta con lesiones graves o muere durante o como consecuencia de dicho acto.
El agente se vale de menores de edad.

¿CUÁLES SON LAS DEMÁS CONSIDERACIONES?

Los especialistas constantemente indicaron que la extorsión se ha institucionalizado en la sociedad peruana debido al incremento de estos casos a nivel nacional. Ahora, los delincuentes perturban la tranquilidad desde el microempresario hasta los grandes inversionistas o funcionarios públicos. En los casos de organización criminal, las penas serán no menor de ocho ni mayor de 15 años de pena privativa de la libertad.