Punto Final muestra todos los detalles de una historia con visos e indicios de corrupción dentro de la Municipalidad de San Isidro.
El depósito de carros en San Isidro muestra el resultado de la corrupción en nuestro país, pues hoy en día hay víctimas de malos funcionarios, acostumbrados a pedir una coima.
Punto Final vio la cantidad de vehículos retenidos dentro del depósito municipal y que dentro de pocos días cumplirán un mes retenidos. Estos autos llegaron hasta aquí, porque los propietarios los dejaron estacionados en alguna zona restringida del distrito de San isidro y una grúa los recogió.
Los dueños han querido pagar la multa por la infracción y recuperar sus vehículos, pero no han podido. Y es que los principales afectados están en medio de un conflicto entre la municipalidad sanisidrina y la empresa privada Grúas Triple A.
En una esquina está la empresa Triple A, ellos han cerrado las puertas de su depósito vehicular en San Isidro y mantienen varios autos retenidos al interior. Denuncian que lo hacen como una medida extrema tras desavenencias con un funcionario municipal, quien les pidió una coima, un porcentaje del total del servicio facturado. Como no accedieron a entregar el soborno, hasta ahora no han podido cobrar por la prestación dada y la deuda ya asciende a casi medio millón de soles.
Al otro lado de la esquina está la alcaldía de San Isidro, liderada por Nancy Vizurraga del partido de Renovación Popular, ella no ha querido declarar para este informe y prefirió que el gerente municipal lo haga.
La empresa Triple A asegura que, en represalia por no haber aceptado las coimas del funcionario, la municipalidad empezó a imponerle penalidades injustificadas como: tener el letrero del depósito desgastado, el piso con exceso de polvo y los baños sin mantenimiento.
Estas personas seguramente ya no volverán a estacionarse en zonas restringidas. Lo que ocurre en San Isidro no es menor. Es gravísimo que una empresa use los bienes de estas personas como prendas en el enfrentamiento con la municipalidad. La empresa debería denunciar los hechos descritos en este reportaje ante la fiscalía y liberar los vehículos. En tanto, la alcaldesa debería recordar sus palabras cuando estuvo en campaña.
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