Inexplicables actos de maltrato animal vienen ocurriendo en las últimas semanas. En ese contexto, es importante conocer cuáles son las normas legales que protegen a nuestros animales domésticos ante una agresión. ¿Qué sanciones recibe una persona que comete un acto de abuso en contra de una mascota?
Recientemente, un motorizado en el Callao lanzó una roca a un perro porque el animal le ladró. En La Victoria, un sujeto fue detenido por acuchillar a la mascota de su expareja. Estos son solo algunos de los casos que han ocurrido en los últimos días.
En el Perú, los animales domésticos son considerados sensibles, los cuales merecen un trato digno del ser humano que está a su cargo y de todo aquel que lo rodea, así lo estipula la Ley 30407, «Ley de protección y bienestar animal».
Esta normativa tiene como objetivo impedir y sancionar el maltrato a los animales domésticos. Por ello, el Estado tiene la potestad de sancionar cualquier accionar que atente contra la salud y la vida de los animales.
«El Estado tiene la potestad de realizar acciones y emitir normas inmediatas y eficaces cuando haya indicios de que algún acto pueda infringir dolor, lesión, daño grave o irreversible a cualquier animal, para evitarlo o reducirlo, aunque no se haya determinado científicamente que tal ser sea sensible o no a estímulos inducidos», señala el artículo 3 de la mencionada ley.
Además, señala que toda personal natural o jurídica tiene la potestad para denunciar cualquier acto de maltrato animal. «Los gobiernos locales, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú tienen el deber de atenderlas e intervenir para garantizar la aplicación de la presente ley».
Otra de las disposiciones establecidas en esta ley, se prohíbe de manera categórica el abandono de animales en la vía pública, ya que esto no solo constituye maltrato, sino que pone en situación de riesgo la vida del animal.
El Código Penal vigente establece que todo acto de crueldad que atente contra la vida de los animales será considerado un delito y sancionado con pena privativa de la libertad o mayor de tres años, con 100 a 180 días multa. Además, la pena puede ser extendida hasta cinco años si dichos actos ocasionaron la muerte del animal.
Recientemente, el Gobierno ha aprobado el reglamento de la Ley 31311 que prioriza la esterilización de perros y gatos, como parte de la política de salud pública. Dicha norma tiene como objetivo garantizar la tenencia responsable de animales, así como evitar sobrepoblaciones y abandonos.
Según el reglamento, se prioriza la esterilización en zonas de pobreza extrema, o donde se registre mayor densidad de perros y gatos sin dueño y se reporte altos índices de ataques involuntarios de estos animales a los transeúntes.
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