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Continúan los cuestionamientos sobre la exclusividad de operaciones en el Megapuerto de Chancay. Luego de que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) retiró la denuncia informativa ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi, el ente regulador ha pedido al Congreso de la República retirar el numeral 9.4 de la Ley del Sistema Portuario Nacional porque «pretende modificar las competencias del Ositrán otorgadas en su ley de creación».

OSITRÁN PIDE MODIFICAR DICTAMEN

A través de un comunicado, Ositrán explicó que no ha sido parte del proceso de otorgamiento de la habilitación portuaria para el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay al no encontrarse dentro de sus funciones. «Este organismo regulador ha sido cuidadoso de no tener ningún tipo de participación, ni en la etapa de autorizaciones, ni en la ejecución de inversiones por no contar con atribuciones para ello«, se lee en el documento. No obstante, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) solicitó su participación a efectos de iniciar los estudios pertinentes a la fijación de tarifas en caso de no existir condiciones de libre competencia con miras al inicio de operaciones.

En sus evaluaciones preliminares, Ositrán detectó una presunta barrera burocrática ilegal debido a que la APN otorgó la exclusividad de explotación de prestación de los servicios esenciales a Cosco Shipping Ports Chancay Perú S. A. Frente a ello, presentó una denuncia informativa ante el Indecopi, pero días después la retiró por existir una causa pendiente en el Poder Judicial al haber tomado conocimiento que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) interpuso una demanda contenciosa administrativa.

Ositrán resaltó, una vez más, que la Ley del Sistema Portuario Nacional no contempla la prerrogativa de permitir la exclusividad en las habilitaciones portuarias, «lo que se requiere su modificación». Frente a ello, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República aprobó por unanimidad -el pasado 8 de abril- el dictamen recaído en los proyectos de ley 7141/2023-CR y 7188/2023-CR, que permite modificar dicha norma.

Sin embargo, el ente regulador solicitó al Legislativo retirar el numeral 9.4 que «propone establecer que los puertos de titularidad privada y uso público no sean considerados como entidades prestadoras«. Este pedido -para Ositrán- atenta contra sus competencias otorgadas en su ley de creación, sin ningún sustento, sin fundamento, ni contar con la opinión de la entidad y del sector afectado con la propuesta de cambio normativo.

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