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El gobierno de Bolivia anunció la detención de 17 militares y civiles acusados de participar en un fallido golpe de Estado contra el presidente Luis Arce. Quince de los detenidos fueron presentados ante la prensa con esposas y chalecos antibalas, mientras que los líderes del plan, el general Juan José Zúñiga y el vicealmirante Juan Arnez, fueron arrestados el miércoles. Ambos enfrentan hasta 20 años de prisión por terrorismo y alzamiento armado.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que el golpe se había planeado desde mayo y que la policía busca a otros tres sospechosos. El excomandante del ejército, Zúñiga, había amenazado con arrestar al expresidente Evo Morales si insistía en postularse a la presidencia en 2025.

Durante el intento de golpe, una tanqueta intentó derribar una puerta del palacio presidencial, donde Arce se reunía con su gabinete. Arce enfrentó personalmente a Zúñiga y le ordenó regresar a los cuarteles. Zúñiga se negó inicialmente, pero abandonó el palacio minutos después, y sus tropas se retiraron tras más de tres horas. Arce nombró a una nueva cúpula militar durante el incidente.

El miércoles, doce civiles resultaron heridos por balines disparados por los militares sublevados. Fortalecido por el apoyo de sus simpatizantes y de la comunidad internacional, Arce logró superar el intento de golpe a pesar de que aún le queda más de un año de mandato.

Sin embargo, según Gustavo Flores-Macías de la Universidad Cornell, el intento de golpe es un síntoma de un descontento importante en Bolivia. El país atraviesa una crisis económica debido a la disminución de ingresos por la baja producción de gas, lo que ha llevado a una reducción en las importaciones de combustible y escasez de dólares, desencadenando protestas de comerciantes y transportistas.