Las comisiones de Relaciones Exteriores del Congreso del Perú y del Senado de Chile firmaron un acuerdo bilateral con el objetivo de colaborar en la formulación de políticas migratorias orientadas a combatir la criminalidad y la delincuencia organizada de naturaleza transnacional. Este pacto tiene como propósito prevenir crisis en la frontera compartida, especialmente aquellas que se han producido en los últimos meses y que podrían llegar a ser recurrentes.
El acuerdo fue ratificado durante una mesa de trabajo histórica que reunió por primera vez a representantes legislativos de ambos países: el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, Alejandro Aguinaga, y su homólogo del Senado chileno, Francisco Chahuán Chahuán.
Los parlamentarios peruanos y chilenos se comprometieron a establecer una comisión de alto nivel en materia política, la cual será presidida por los titulares de ambas comisiones. Además, se crearán grupos de trabajo encargados de analizar la normativa relacionada con la migración, con el objetivo de asegurar una implementación más efectiva de este acuerdo.
Cabe destacar que la delegación de senadores chilenos que participó en esta iniciativa contó con la presencia de José Miguel Insulza, ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y exministro de Relaciones Exteriores de Chile. También formaron parte de la delegación los senadores Rojo Edwards Silva, Jaime Quintana Leal, Iván Moreira Barros y Julio Cámara Oyarzo.
El Consejo Constitucional de Chile ha dado un paso importante en la redacción de su nueva Constitución al aprobar una serie de enmiendas, generando controversia y reacciones en la oposición. Estas decisiones, que incluyen cambios en derechos sexuales y reproductivos, han sido aprobadas por 33 votos a favor y 17 en contra en el órgano constitucional.
Esta norma ha dejado muchas dudas sobre su alcance. Por ejemplo, en el caso de aquellos delincuentes extranjeros que cometan delito en Chile, bajo esta propuesta, deberían ser expulsados para que cumplan la condena en su país de origen, lo que significaría que este otro país reciba a delincuentes que cometieron el delito en otro lugar para cumplir con su sentencia. La otra duda generada es si es que esta norma apunta a un cambio de condena y su cumplimiento en Chile o de la expulsión inmediata de este presunto delincuente. Este proyecto ha recibido críticas porque vulneraría los tratados internacionales a los que está sujeto Chile.
El proceso de redacción de la nueva Constitución continúa, y a partir del 7 de octubre, la Comisión de Expertos podrá formular observaciones para mejorar la propuesta.
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