Latinanoticias.pe

BOGOTÁ, 10 ago (Reuters) – Legisladores, la ministra de Ambiente y activistas ambientales radicaron el miércoles en el Congreso un proyecto de ley para prohibir el fracking y la explotación de fuentes no convencionales de hidrocarburos, con la renovada esperanza de que se apruebe en el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Es la cuarta vez que se propone ante el Congreso del país sudamericano la prohibición del fracking.

Los activistas son optimistas de que en esta ocasión el proyecto de ley tendrá éxito, debido a que cuentan con el apoyo del Gobierno del izquierdista Petro y de más de 100 congresistas.

«Creo que Colombia en unos meses se suma a los países del mundo que han prohibido el fracking», dijo a Reuters Carlos Santiago, de la Alianza Colombia Libre de Fracking.

«Hay ambientalistas que estamos aquí adentro, no solo desde afuera, dando los debates sobre estos temas trascendentales», afirmó la senadora Isabel Zuleta, integrante de la coalición Pacto Histórico que llevó a Petro a la Presidencia.

El nuevo mandatario, que logró una mayoría en el Congreso con el respaldo de partidos de izquierda y de centro, está en contra del fracking, así como de la expansión de la industria petrolera y del gas en Colombia, mientras aboga por una transición hacia las energías renovables.

«Estamos hoy iniciando el camino de cumplimiento de ese compromiso político y esa oposición política de que en Colombia no entre la técnica del fracking y las técnicas de yacimientos no convencionales», declaró a periodistas la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, una antigua activista contra esa técnica.

El debate en Colombia sobre el desarrollo de fuentes de energía no convencionales y el uso de la fracturación hidráulica o fracking es largo, con defensores argumentando que es vital para la economía del país y la autosuficiencia energética, mientras que los críticos advierten de una catástrofe ambiental.

De ser aprobado, el proyecto de ley pondría fin a dos proyectos piloto de investigación en Puerto Wilches, en el departamento de Santander, desarrollados por la empresa petrolera mayoritariamente estatal Ecopetrol y la estadounidense ExxonMobil.

Los ambientalistas de Puerto Wilches, donde se ubican los proyectos piloto y que es epicentro del debate sobre el fracking en Colombia, denunciaron amenazas de muerte por oponerse a la explotación de hidrocarburos con esa técnica.