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LIMA, 25 ene (Reuters) – La presidenta Dina Boluarte pidió el martes una «tregua nacional» a los manifestantes, en medio de extendidas protestas que están dejando daños a la infraestructura y pérdidas en la producción por un equivalente a unos 1.282 millones de dólares.

Boluarte, que enfrenta pedidos de renuncia en las protestas, dijo que el enojo es legítimo por una serie de demandas sociales postergadas, pero sostuvo que grupos radicales y bandas criminales están aprovechando el descontento social para generar el caos.

Las protestas, que han dejado 55 muertos por enfrentamientos y accidentes de tránsito vinculados a los disturbios, comenzaron en diciembre con la destitución y arresto del expresidente izquierdista Pedro Castillo, que intentó de forma ilegal disolver el Congreso y reorganizar el Poder Judicial.

«Llamo a una tregua nacional para entablar una mesa de diálogo y fijar una agenda común por cada región y desarrollar nuestros pueblos», dijo Boluarte en una conferencia con la prensa con medios extranjeros en Palacio de Gobierno, situado en el centro de Lima.

Las manifestaciones se han centrado principalmente en las regiones del sur, donde operan grandes empresas mineras y se han registrado además casi todas las víctimas mortales durante los violentos enfrentamientos con la policía y Ejército.

Boluarte indicó que en las últimas semanas representantes del Gobierno han viajado al sur del país para dialogar con autoridades; algunos no han querido recibirlos, pero otros se han excusado porque «grupos violentistas» lo tienen «amenazados».

«Estamos buscando a los gobernadores para conversar con nosotros, pero a los del sur los tienen chantajeados», señaló.

La mandataria manifestó que las pérdidas ascienden a unos 3.000 millones de soles en daños a la infraestructura y 2.000 millones de soles en pérdidas de la producción nacional.

Durante las protestas, los manifestantes han bloqueado decenas de carreteras, incendiado entidades públicas y privadas y en algunos obligados al cierre de algunos aeropuertos.

Tres minas de cobre han sufrido ataques y bloqueos en el denominado «corredor minero en los Andes»: la china MMG Ltd, la canadiense Hudbay y la global Glencore. Esta última cerró el viernes temporalmente su mina.

Las protestas no han cedido y el martes cientos de personas volvieron a salir a las calles de Lima y se enfrentaron violentamente con la policía, que usó bombas lacrimógenas y perdigones de goma para dispersarlos, según testigos.

Imágenes de televisión mostraron algunas personas y policías heridos, aunque sin gravedad. Tras varias de horas de choques, la policía recobró la calma en el centro de la ciudad.

Boluarte afirmó que protestas pacíficas a veces se tornaron violentas debido a la acción de «personas radicales» que tienen una agenda política y económica propia.

«Y (la agenda) está basada en el narcotráfico, minería ilegal y contrabando. Por eso geográficamente se han ubicado estas protestas en Puno y en Apurímac», manifestó.

Perú y Colombia son los mayores productores de hoja de coca y de cocaína en el mundo.

La presidenta peruana responsabilizó al presidente Castillo, que cumple una prisión preventiva de 18 meses mientras lo investigan por «rebelión», que promover la polarización política en el país durante los casi 17 meses que duró su gestión.

«En ese año y cinco meses de gobierno, ¿acaso se ha preparado toda esta fuerza paramilitar, y esta fuerza está generando el caos, la violencia en el país», se preguntó. «¿Le convenía más a él salir dando un autogolpe de Estado para victimizarse y mover todo este aparato paramilitar?», subrayó.

Boluarte mostró su confianza de que el Congreso unicameral apruebe a mediados de febrero, de forma definitiva, en una segunda votación, el adelanto de elecciones para abril del 2024.