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La madrugada de este miércoles 3 de mayo, se conoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó en su informe final que, durante las protestas en el Perú, entre diciembre del 2022 y enero del 2023, hubo graves violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Dina Boluarte.

El documento señala que las muertes ocurridas en Ayacucho podrían constituir “ejecuciones extrajudiciales”, mientras que en Juliaca se habrían presentado situaciones de “uso excesivo e indiscriminado” de la fuerza por parte de agentes del Estado. Respecto a la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, determina el “empleo desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”.

“Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones; así como la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad. Hechos que deben ser investigados, juzgados y sancionados”, refiere el texto.

“Las graves violaciones de derechos humanos reportadas en este informe deben ser investigadas diligentemente por fiscalías especializadas en derechos humanos. Además, deben ser juzgadas por jueces independientes, competentes e imparciales”, añade la misma.

Por otro lado, la CIDH sugiere al Estado peruano a efectuar medidas de reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Estas abarcan acciones como compensación; rehabilitación médica y psicológica; rehabilitación social; verdad y justicia.

“Reparar integralmente a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas sociales. Esto exige que se investigue, juzgue, y sancione a todas las personas que puedan resultar responsables por violaciones de derechos humanos”, concluye.