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El último miércoles 8 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a favor de Patricia Benavides, fiscal de la Nación, y su núcleo familiar. Esto, pues, consideran que la autoridad se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, teniendo en cuenta que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un grave riesgo en Perú.

En efecto, el órgano internacional informó que el 6 de febrero emitió la Resolución 5/23, mediante la cual se otorgó las medidas cautelares a la titular del Ministerio Público.

«Al momento de valorar la solicitud, la Comisión destacó el contexto actual por el que viene atravesando el país y en particular en el que las actividades que ejerce la beneficiaria como Fiscal General de la Nación son notorias, visibles y de alto interés público para diversos sectores de la sociedad», refiere el comunicado.

En esa línea, la entidad consideró que existe un riesgo por el actual contexto de crisis institucional, además de política y social, y las investigaciones que lleva a cabo Benavides Vargas como representante de la Fiscalía de la Nación.

«La Comisión reconoció y valoró que el Estado esté brindando protección material a la beneficiaria y que incluso haya aumentado el equipo de personas que integran el esquema de seguridad en el marco de las disposiciones internas. Sin embargo, dada la situación planteada, se estima que este no sería suficiente, y su incremento habría sido denegado», apunta.