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BOGOTÁ, 7 mar (Reuters) – Colombia anuló un contrato con una empresa privada para sacar a la superficie el galeón español San José que contemplaba el pago del rescate con parte de la carga hundida hace más de 300 años frente a la histórica ciudad caribeña de Cartagena, anunció el lunes la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez.

El San José, una embarcación símbolo del imperio español hundida en 1708 a cañonazos por piratas ingleses con un cargamento de oro, plata y esmeraldas frente a las costas colombianas, fue encontrado en noviembre del 2015, poniendo fin a una larga exploración que desató litigios con una empresa buscadora de tesoros de Estados Unidos.

«Desde que entramos al Gobierno nos concentramos en buscar una solución que evitara la entrega de una parte del patrimonio sumergido del galeón San José como pago en especie», dijo la funcionaria en una declaración.

Colombia adjudicó en 2018 a Maritime Archaeology Consultants Holdings Switzerland AG (MAC) un contrato de concesión bajo el esquema de Asociación Pública Privada sin desembolso de recursos públicos que previó que más del 83% de la remuneración por el rescate estaría constituido por piezas recuperadas que no pertenecieran al patrimonio cultural de la nación.

Sin embargo, una decisión posterior de una dependencia gubernamental declaró la totalidad del hallazgo como patrimonio cultural y prohibió la entrega de cualquier pieza como pago por sacar a la superficie la carga del galeón, lo que impide la ejecución del contrato y llevó a Colombia a declarar desierta la licitación, explicó Ramírez.

De inmediato no fue posible conocer un pronunciamiento de la empresa suiza encargada del rescate.

La vicepresidenta y canciller aseguró que se hará una nueva convocatoria con expertos y arqueólogos internacionales para hacer un contrato de extracción del galeón y su carga.

España se sumó en 2017 a la disputa y defiende la propiedad de la embarcación, argumentando que es un buque de guerra con pabellón de Estado y con inmunidad soberana bajo la convención de Naciones Unidas de Derechos del Mar, que Colombia no integra.

Además, el Gobierno español asegura que se trata de una tumba marina en la que yacen los restos de 570 connacionales, y que de acuerdo con otra convención de Naciones Unidas debe respetarse. Pero Colombia tampoco ha suscrito ese pacto y argumenta que la embarcación le pertenece por encontrarse en su lecho marino.

«Hemos venido conversando con las autoridades españolas para que se pueda hacer con las mayores garantías de preservación del patrimonio que se encuentra sumergido, cuya riqueza no tiene precio y su rescate solo debe ser un aporte para el conocimiento y la cultura», concluyó Ramírez.