SANTIAGO, 26 ene (Reuters) – El Congreso chileno aprobó el miércoles la eliminación de una serie de exenciones tributarias y la aplicación de impuestos para financiar el aumento de las pensiones a unos 2,4 millones de adultos mayores, una antigua demanda social por mejorar las jubilaciones en el país sudamericano.
El beneficio comenzará a pagarse en febrero y agregará hasta 185.000 pesos mensuales (unos 230 dólares) al ahorro individual para la jubilación. El aumento se pagará a quienes ya estén retirados o que sigan trabajando que no pertenezcan al 10% de las familias de mayores ingresos.
El monto del aporte disminuirá gradualmente de acuerdo a la pensión de cada beneficiario.
«Agradezco profundamente al Congreso por la aprobación de esta tan urgente y necesaria mejoría de las pensiones», dijo el presidente Sebastián Piñera, cuyo gobierno envió el proyecto de ley para su discusión parlamentaria en septiembre.
Al enviarlo, el presidente había dicho que la Pensión Garantizada Universal (PGU) permitiría que ninguna pensión quedara bajo la línea de la pobreza.
La demanda por mejorar las pensiones que entregan las poderosas AFP fue una de las banderas de las intensas protestas sociales que estallaron en el país a finales de 2019 y que criticaban los bajos pagos que entrega el sistema privado.
El financiamiento se logrará en gran parte a través de la eliminación de exenciones en el mercado de capitales e inmobiliario, con medidas como gravar el mayor valor obtenido en la enajenación en bolsa de determinados instrumentos o eliminar el crédito especial a las empresas constructoras, según detalla la página del Senado.
Además, se eliminarán beneficios a ciertas viviendas adquiridas antes del año 2010 y se aplicarán impuestos a algunos servicios, herencias y donaciones así como a los beneficios obtenidos gracias a contratos de seguros de vida firmados a contar de la publicación de la ley.
También se creará una nueva tasa sobre bienes de lujo y habrá una modificación al otorgamiento de patentes mineras, señaló por su parte el Ministerio de Hacienda, que precisó que la PGU tendrá un costo fiscal de 0,98% del PIB.
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