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Cuatro personas murieron en la ciudad colombiana de Cali el viernes, en medio de masivas manifestaciones en el país que cumplen un mes, sin que se hayan destrabado unos preacuerdos con el Gobierno para abrir negociaciones con sindicatos, organizaciones sociales y estudiantiles.

Las movilizaciones, que comenzaron el 28 de abril, provocaron el retiro de una reforma fiscal y el naufragio de otra al sistema de salud en el Congreso, así como la renuncia del exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Pero ahora, las demandas de los manifestantes se han ampliado para incluir un ingreso básico para los más pobres, oportunidades laborales y de educación para los jóvenes y el fin de la violencia policial, así como llamados a eliminar el temido escuadrón de la policía antidisturbios, el ESMAD.

Jorge Iván Ospina, el alcalde de la ciudad de Cali -epicentro de los más violentos disturbios-, confirmó tres de las muertes, aunque medios locales reportan otro fallecido más.

«Hay que dialogar entre quienes convocan al paro, el Gobierno nacional y toda la sociedad. Si no se dialoga la espiral violenta se seguiría manifestando», dijo Ospina.

Uno de los fallecidos pertenecía al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, confirmó un directivo del organismo. Por su parte, la Gobernación del departamento del Valle, de la que es parte Cali, decretó el toque de queda.

Si bien la mayoría de las marchas han sido pacíficas, se presentaron disturbios puntuales, como en el municipio de Madrid, cerca a Bogotá.

Alejandro Franco, un estudiante de 23 años, quien está a punto de graduarse y marcha por la educación y la salud, entre otras peticiones, dijo que seguirá en las calles hasta que el Gobierno los escuche. «Si el pueblo no tiene paz, el Gobierno tampoco», agregó, en medio de cantos y música.

El Ministerio de Hacienda estima en más de 2.680 millones de dólares el impacto de los bloqueos y manifestaciones, que han provocado desabastecimiento de alimentos y suministros, causando alzas de precios, así como interrupciones en el comercio internacional en el principal puerto marítimo del país y la suspensión de operaciones de cientos de empresas.

SIN ESPERANZA Y SIN ACUERDOS

«No tenemos esperanza y tampoco están dispuestos a dárnosla», dijo Laudice Ramírez, de 62 años y dueña de una pequeña tienda de abarrotes en el sur de la ciudad. «Me toca cerrar mi tienda siempre que hay protestas en frente, me estoy quebrando, pero los jóvenes no tienen otra salida para buscar un país con más oportunidades».

El Comité Nacional del Paro -conformado por jefes sindicales, estudiantes y representantes de otros sectores- acusó al Gobierno de retrasar la firma de un acuerdo previo al que llegaron a comienzos de la semana, en busca de iniciar la negociación formal de un pliego de peticiones.

«Si el Gobierno se niega a firmar (…) solo falta la firma del presidente para arrancar la negociación», dijo Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Pero el Gobierno dijo en un comunicado que el retraso se debe a que algunos líderes de la protesta no aceptaron en el preacuerdo condenar los bloqueos de las carreteras.

«Este requerimiento no es nuevo. El día de hoy hemos insistido que ese componente quede incorporado dentro del texto a ser acordado», indicó el documento.

«Algunos miembros del Comité del Paro han insistido en promover de manera exclusiva la figura de los corredores, sin condenar los bloqueos. Para el Gobierno Nacional ese punto no es negociable», agregó, tras revelar que las conversaciones se reanudarán el domingo.

La violencia ha marcado las manifestaciones. Hasta antes del viernes el Gobierno relacionaba 17 muertes de civiles directamente con las marchas, mientras que grupos de derechos humanos afirman que las fuerzas de seguridad han matado a decenas de civiles más.

Además dos policías murieron durante las anteriores jornadas y muchos más han resultado heridos.

Fuente: Reuters