Defensoría del Pueblo plantea propuesta para modificar norma del crimen organizado

La Defensoría del Pueblo envió un proyecto de ley que realiza modificaciones a la norma del crimen organizado que resultó aprobada por el Pleno del Congreso de la República hace semanas. En la iniciativa remitida a Eduardo Salhuana, titular de la Mesa Directiva, se detalla los aportes de la entidad liderada por el defensor Josué Gutiérrez.

La principal y concreta se refiere al artículo 2, numeral 7, del dispositivo legal para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares a fin de determinar las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal. Allí se habla sobre el actuar que un fiscal provincial debe tener cuando ejecuta un allanamiento a un inmueble.

«La medida está destinada a registrar el inmueble y, de ser el caso, a incautarlo. Para el ingreso no es necesaria la presencia del interesado ni su abogado defensor. Para el registro y, de ser el caso, la incautación de los bienes recabados durante la diligencia, el fiscal competente convocará, en el día y bajo responsabilidad, a la defensa pública, sin perjuicio de que el interesado designe en cualquier etapa del allanamiento a su abogado defensor», es las líneas que la Defensoría agrega.

Antes en la norma sobre el crimen organizado se mencionaba que se requería obligatoriamente la presencia de la persona, cuya vivienda era allanada, y de su abogado ante la presencia de un fiscal de turno.

Propuesta de la Defensoría del Pueblo para modificar la norma sobre crimen organizado.

SIN CONSENSO

Cabe indicar que la propuesta para modificar la ley de crimen organizado, enviada por la Defensoría del Pueblo, llega cuando desde el Congreso se evitó derogarla ante las severas críticas que se han registrado en las últimas semanas. En la Junta de Portavoces que se llevó a cabo el martes último no hubo acuerdo para que se incluya en la agenda del pleno de esta semana.

Por el contrario, varias bancadas presentaron sendas iniciativas para implementar lo que será considerado el «terrorismo urbano» que, entre otras cosas, impone penas más severas para aquellos delincuentes que se dedican al sicariato o la extorsión. No obstante, el debate también se frustró por una serie de diferencias.

La Comisión de Justicia presentó un texto sustitutorio que proponía cambiar el nombre de esta norma a ley de «criminalidad sistemática». El congresista Isaac Mita (Perú Libre) refirió que contaba la opinión positiva de colegios de abogados, juristas y el área técnica legislativa del Parlamento.

Sin embargo, se aprobó una cuestión de orden para regresar a debatir la fórmula que propone crear el delito de «terrorismo urbano», descartando la nueva fórmula de «criminalidad sistemática».