En noviembre del año pasado, el abogado Fernando Ugaz envió un oficio al entonces titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, aseverando que Daniel Soria “no cumplía los requisitos para el cargo” de procurador general del Estado.
“Pongo en conocimiento sobre las conductas delictivas e irregulares del procurador general del Estado, Daniel Soria”, detalla el asunto del documento remitido a Aníbal Torres el 9 de noviembre de 2021.
Dicho argumento fue recogido por el Ejecutivo para destituir a Daniel Soria bajo el alegato de que “carecía de conocimiento y trayectoria en el Estado”, pues esto lo imposibilitaba de seguir ejerciendo sus funciones.
Sin embargo, aquel escrito llevaba la firma de Milena Antón, integrante del estudio Ugaz & Zegarra de propiedad del abogado Fernando Ugaz. Ella denunció que su rúbrica y sello con su nombre fueron falsificados, negando ser la autora del referido y desconociéndolo. Por lo cual señaló haber sido víctima de falsificación en su propio centro de labores.
Finalmente, la sexta Fiscalía Corporativa Penal de Lima abrió una investigación por el presunto delito de falsedad genérica, donde Antón figura como perjudicada en el caso. Hasta el cierre de la nota, Fernando Ugaz evitó brindar declaración alguna.
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