El abogado penalista Luis Lamas Puccio sostuvo que los delitos de corrupción tienen entre 20 a 25 años de pena privativa de la libertad, en referencia a la investigación que se le sigue el Ministerio Público a Pedro Castillo por presuntamente liderar una organización criminal.
Asimismo, en entrevista a Latina Noticias, sostuvo que el presidente de la República tiene la costumbre de recurrir “de manera irresponsable a la persecución política”, a la democracia, y se enfrenta al Ministerio Público cuando es el primer culpable por actividades relacionadas a sus funciones.
“La fiscal de la Nación esta cumpliendio con lo que establece la ley y el presidente tiene que acatar estas disposiciones, porque lo que está haciendo no solo es interponiendo sus intereses personales frente a evidencias en materia de corrupción, sino que está indisponiendo la política de Estado; es decir, está poniendo adelante su interés personal y dejando de lado el interés de los peruanos”, expuso.
En otro momento, comentó lo siguiente: “Yo en la vida permitiría que cumpliendo una función pública, me achacaran responsabilidades penales tan graves, yo renunciaría, pero él no renuncia, sigue gobernando, sigue ejerciendo la función de presidente como si no hubiera pasado absolutamente nada”.
El mandatario es investigado por presuntamente liderar una organización criminal. Hay funcionarios de su confianza comprometidos, como por ejemplo, Juan Silva, quien es investigado por haber recibido coimas de 100 mil dólares por parte del empresario Zamir Villaverde para favorecerlo con cuatro licitaciones a sus empresas durante su gestión, en el período comprendido entre el 29 de julio de 2021 y el 28 de febrero de 2022.
Además, Bruno Pacheco y Fray Vásquez serían parte de esta red de corrupción. La Segunda Fiscalía Anticorrupción también los investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión en agravio del Estado.
Recientemente la cuñada de Castillo, Yenifer Paredes, está como no habida. Sobre ella pesa una detención preliminar de 10 días por el presunto tráfico de influencias a favor de la empresa JJM Espino & Ingeniería para la que trabajó.
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