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LIMA, 15 dic (Reuters) – Hochschild Mining parece ir camino a una colisión con comunidades de Perú cercanas a sus minas Inmaculada y Pallancata. Mientras la firma apunta a extender sus operaciones, los residentes locales en pie de lucha sostienen que no aceptarán más ampliaciones.

Líderes de comunidades con cuatro minas en conflicto, entre ellas dos de Hochschild Mining, dijeron a Reuters que esperan recibir el miércoles un plan definitivo para cerrar las minas, en una reunión pactada entre representantes del gobierno, empresas y dirigentes involucrados en el asunto.

Las comunidades de la región de Ayacucho amenazan con retomar las protestas si el gobierno incumple lo que consideran un pacto firmado en noviembre por la primera ministra sobre el fin de operación de las cuatro minas, en otro foco de conflicto en el segundo mayor productor mundial de cobre.

Hochschild Mining dijo a Reuters que espera que el regulador de Perú apruebe en la primera mitad del 2022 ampliar en dos décadas la vida útil de su mina insignia Inmaculada, un proyecto cuya inversión suma 4.436 millones de dólares.

Inmaculada, cuya vida útil vigente en el organismo ambiental vence a fines del 2023, es la mina más grande de Hochschild y representa más del 60% de su flujo de efectivo, según la firma.

«Ellos (Hochschild) están pidiendo modificar su impacto ambiental para ampliar su mina», dijo por teléfono Asunción Margarita Gutiérrez, la líder de un distrito de la provincia andina de Paucar del Sara Sara de Ayacucho, donde están ubicadas las minas Inmaculada y Pallancata.

«Pero aquí no hay trato, nuestra vida es primero», manifestó, repitiendo alegatos anteriores de que la operación de las minas está afectando las fuentes de agua de la zona.

Hochschild afirma que cumple con los estándares ambientales y rechaza que sus operaciones estén contaminando el agua.

Según la ley peruana, todas las minas tienen fecha de cierre prevista, pero podrían modificarse si hallan más recursos. Las cuatro minas en conflicto tienen plazos de cierre que varían entre el 2022 y 2025, dijo el gobierno a fines de noviembre.

TIEMPO PRUDENCIAL

Estos conflictos son una prueba para el presidente izquierdista Pedro Castillo, que llegó al poder a fines de julio gracias a un fuerte apoyo de distritos mineros por sus promesas de redistribuir las ganancias del sector y dar una voz más fuerte a las comunidades indígenas locales.

Su primera ministra, Mirtha Vásquez, había dicho en noviembre que los permisos en las cuatro minas no se ampliarían, hundiendo a las acciones de Hochschild en Londres en más del 50% en un momento, antes de que apareciera el gobierno para dar marcha atrás en el reclamo de las comunidades.

El vicepresidente legal y de asuntos corporativos de Hochschild, José Augusto Palma, afirmó a Reuters que la compañía «no tiene planes de cerrar» Inmaculada y/o Pallancata.

«Confiamos en que el gobierno explicará a los dirigentes el estado de los permisos actuales y los que están en trámite, y que respetará el ordenamiento legal que regula la renovación de los permisos, en línea con lo que ya ha manifestado públicamente la Presidencia del Consejo Ministros», dijo en un correo, tras solicitar comentarios de la empresa para este reporte.

Che Bernaola, representante del llamado comité de lucha de Ayacucho Sur, también espera para la cita del miércoles en la misma región andina que el gobierno ratifique los cronogramas con los cierres «progresivos» de las cuatro minas en conflicto.

«Lo único que podemos discutir en esta mesa es cuánto tiempo prudencial ellos necesitan para que hagan su cierre, no hay otra cosa», refirió el dirigente por teléfono, tras subrayar la cuestión ambiental como una de las principales razones del rechazo.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha realizado 82 labores de supervisión a las cuatro minas entre el 2013 y 2021; periodo en que identificó incumplimientos que generaron multas. Las mineras afirman que no contaminan la zona.

El presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Parinacochas en Ayacucho, Julio Guillermo Gutiérrez, coincidió con sus colegas dirigentes sobre el retiro de las minas, aunque dijo que respetarán si el gobierno sustenta técnicamente que el proceso mismo de cierre podría «demorar un poco».

«Nos reafirmamos en nuestro propósito de dar cumplimiento al proceso de cierre de las minas, dentro del marco legal», dijo. «Nosotros hemos sido por muchos años tolerantes, razonables en nuestras quejas, y ahora está en manos del Ejecutivo; el Estado tiene que entender que nosotros también somos peruanos».