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Los Estados colombiano y peruano son los grandes ausentes a la hora de garantizar, proteger y respetar el derecho a una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres refugiadas venezolanas, quienes enfrentan violencia basada en género en todos ámbitos de la vida, dijo Amnistía Internacional hoy en el lanzamiento del nuevo informe Desprotegidas: Violencia de Género Contra Mujeres Venezolanas Refugiadas en Colombia y Perú.

El informe muestra cómo las mujeres venezolanas refugiadas enfrentan violencia y discriminación en todos los espacios de sus vidas por su género y nacionalidad. En el espacio público, las agresiones ocurren tanto en las rutas migratorias como en sus lugares de residencia. En el ámbito familiar, enfrentan violencia económica, patrimonial, física y sexual, predominantemente de sus parejas o exparejas. Y en cuanto al entorno laboral, sufren diversas formas de violencia y explotación laboral, incluida la cooptación para trabajo con fines de explotación sexual.

Asimismo, expone múltiples ámbitos de desprotección estatal, tanto en Colombia como Perú. Entre ellos, las mujeres venezolanas no tienen un acceso efectivo a la protección internacional y a los procesos de regularización migratoria. Además, se expone el desconocimiento de las personas funcionarias encargadas de atender a sobrevivientes de violencia basada en género sobre los derechos, rutas de atención y medidas de protección de las que deberían gozar las mujeres venezolanas, así como los estereotipos relacionados con la nacionalidad y género de estas mujeres, o su identidad de género. También se evidencia la falta de disponibilidad y acceso a albergues temporales.

Ante esta violencia omnipresente, Amnistía Internacional concluye que los Estados colombiano y peruano no cumplen con su obligación de garantizar una vida libre de violencia y discriminación a las mujeres refugiadas venezolanas, y los exhorta a adoptar medidas inmediatas. En particular, los gobiernos de Colombia y Perú deben combatir la estigmatización y discriminación hacia mujeres venezolanas, garantizar su acceso a la protección internacional, asegurar un acceso efectivo a la justicia, mejorar la atención y prevención de la violencia basada en género, y garantizar una atención en salud integral para las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género.

“Muchas mujeres venezolanas, víctimas de violencia machista y cuyas vidas están en riesgo, prefieren no denunciar por temor a ser expulsadas del país, debido a su estatus de documentación. La situación de violencia y vulnerabilidad que enfrentan se agrava por la ausencia de protocolos especializados para atenderlas y protegerlas. La regularización migratoria es un paso fundamental para que puedan denunciar las violencias que enfrentan”, sostuvo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.

Según cifras oficiales, la violencia de género contra mujeres refugiadas venezolanas en Colombia aumentó un 71% entre 2018 y 2020, y en Perú un 31% entre 2019 y 2021. La xenofobia, el estatus migratorio, los mitos sobre la inseguridad provocada por personas extranjeras, los prejuicios relacionados con la sexualidad percibida de las mujeres, aunado a los roles de género preestablecidos socialmente, aumentan la vulnerabilidad de mujeres venezolanas refugiadas.

Más de seis millones de personas han abandonado Venezuela en los últimos años debido a masivas violaciones de derechos humanos. Colombia y Perú son los países que más personas venezolanas han acogido, sumando más del 50% de todas las personas que han huido de Venezuela (1,84 millones y 1,29 millones respectivamente). Amnistía Internacional considera que las personas venezolanas cuentan con necesidades de protección internacional y tienen derecho a solicitar el reconocimiento de su condición de personas refugiadas.

Para la elaboración de este informe, Amnistía Internacional entrevistó a 63 mujeres refugiadas venezolanas y realizó 45 entrevistas de investigación con organizaciones de sociedad civil, incluidas organizaciones conformadas por mujeres venezolanas; organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y ONU Mujeres; e instituciones estatales.