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BUENOS AIRES (Reuters) – La Cámara de Senadores de Argentina comenzó a debatir el miércoles un proyecto de ley para legalizar el aborto, que ya recibió media sanción por parte de Diputados, en medio de manifestaciones a favor y en contra en las afueras del Congreso.

 

La norma garantiza la posibilidad de abortar hasta la semana 14 de gestación dentro del sistema público de salud de manera gratuita, algo que actualmente está permitido solo en casos de violación y de riesgo de salud para la embarazada. Los diputados la aprobaron en junio luego de casi un día de discusión.

 

En las últimas horas, senadores como José Alperovich -de la provincia norteña de Tucumán- o Silvina García Larraburu -de la patagónica Río Negro-, se manifestaron en contra del proyecto, por lo que se estima que el resultado de la votación en la cámara de 72 miembros sería negativo.

 

«Si bien es cierto que no hablé antes (…) es un tema que divide mucho a la sociedad. Después de haber hablado con muchos tucumanos y recorrido la provincia, voy a votar en contra del proyecto», dijo Alperovich en su cuenta de Twitter.

 

Por otro lado, Larraburu dijo el domingo que, a pesar de declaraciones previas a favor, votará en contra del proyecto.

El debate por el proyecto atraviesa tanto a la oposición como al oficialismo y causó una profunda división en la sociedad, donde organizaciones de derechos humanos y agrupaciones feministas defienden la medida mientras que grupos católicos y religiosos la rechazan.

 

Los impulsores de la norma -que se identifican con pañuelos verdes- argumentan que los abortos clandestinos son la principal causa de mortalidad maternal en Argentina y que las mujeres de bajo recursos son las más expuestas a realizar esos procedimientos en condiciones insalubres.

 

«El aborto legal, seguro y gratuito es la única forma de terminar con la muerte de más mujeres con embarazos no deseados», dijo el miércoles en el recinto el senador opositor Pedro Guastavino, de la provincia de Entre Ríos.

 

Si se aprueba la normativa, Argentina sería el tercer país de Latinoamérica que permite a las mujeres decidir sobre la interrupción del embarazo y que el sistema de salud lo contemple. Sólo Cuba y Uruguay poseen una legislación similar.