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SAN SALVADOR, 4 jul (Reuters) – Un juzgado salvadoreño condenó a 50 años de prisión por el delito de homicidio agravado a una joven de 21 años que abortó tras una emergencia obstétrica, informó el lunes una organización que la defiende, en uno de los países con una de las leyes más severas contra el aborto.

Según el reporte de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la noche del 17 de junio de 2020, la mujer, identificada como Lesly Ramírez, tuvo una emergencia mientras estaba en la letrina de su vivienda que le generó un parto precipitado de su feto de unos cinco meses.

La familia y los vecinos de la joven, en ese entonces de 19 años de edad, llamaron a la Policía para llevarla a un hospital público en el departamento oriental San Miguel, relató la ONG.

El 26 de junio de 2020, un juez de instrucción decretó la detención provisional de Ramírez pese a que ella no estuvo presente en la audiencia por su delicado estado de salud. A mediados de la semana pasada, un tribunal la condenó a 50 años de cárcel por el delito de homicidio agravado.

«Organizaciones de mujeres rechazan la decisión judicial y apelarán el fallo. Esta es la primera vez en la historia que se aplica la pena máxima desde que se penalizó de manera absoluta el aborto», dijo la organización feminista en un comunicado.

La Fiscalía, sin embargo, argumentó en un comunicado que la severa pena fue impuesta porque la joven asesinó a la recién nacida tras ocasionarle varias heridas en el cuello con un cuchillo.

«El dictamen forense determinó como causa final del fallecimiento: degüello por herida tipo contuso-cortante producida por arma blanca», sostuvo la Fiscalía.

A pesar de que en años recientes ha habido un avance de la «marea verde» en Latinoamérica en busca de un acceso al aborto legal y seguro, el procedimiento, sin restricción de motivos, sólo es permitido en un puñado de países.

Junto a Nicaragua, Honduras y República Dominicana, El Salvador es uno de los cuatro países de Latinoamérica que prohíben el aborto sin excepciones. Organizaciones defensoras de derechos humanos han exigido derogar la ley que prohíbe la interrupción del embarazo, pero no han tenido éxito.

Desde 2009 a la fecha, 65 mujeres procesadas por emergencias de salud durante el embarazo han sido liberadas. Aún quedan cuatro tras las rejas y cinco procesadas en libertad, según cifras de ONG’s.