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BUENOS AIRES, 22 ago (Reuters) -El fiscal que investiga un sistema de corrupción relacionado con obras públicas en Argentina pidió el lunes una pena de 12 años para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien gobernaba el país al momento de los hechos.

El fiscal federal Diego Luciani dijo que la líder peronista -acusada junto a otros exfuncionarios- cometió los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y de liderar una asociación ilícita para desviar fondos públicos durante sus presidencias, entre 2007 y 2015.

«Se trata probablemente de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país», señaló el fiscal durante su alegato, transmitido en vivo por internet.

Luciani también pidió el decomiso de bienes involucrados en los delitos por un total de casi 1.000 millones de dólares y la inhabilitación perpetua de Fernández para ocupar cargos públicos.

«Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa», fustigó la vicepresidente en su cuenta de Twitter.

El abogado de ella había solicitado ampliar la declaración de inmediato, pero fue denegado hasta que sea el turno de defensa. Por ello, usará sus redes sociales este martes por la mañana (1400 GMT) para dar la versión contra las acusaciones.

El pedido de la fiscalía fue seguido con atención por los medios de comunicación, que reprodujeron la emisión en vivo. Inmediatamente se produjeron reacciones públicas a favor y en contra de la solicitud, mayoritariamente por las redes sociales.

Frente al departamento de la vicepresidenta, en un coqueto barrio de la capital argentina, se reunieron en la noche del lunes decenas de seguidores y retractores, con la intervención de la policía para evitar problemas callejeros dado los cánticos confrontativos.

Imágenes televisivas mostraron algunas intrascendentes corridas y refuerzos por parte de la fuerza de seguridad.

La investigación busca establecer si Fernández y otros funcionarios de su gestión favorecieron a firmas del empresario Lázaro Báez al momento de licitar decenas de obras públicas en la Patagonia, muchas de las cuales podrían haber tenido sobreprecios o no habrían sido concluidas.

Muchos expertos sospechan que los capitales supuestamente desviados habrían vuelto a manos de la familia Kirchner a través de sus empresas.

«El Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner», señaló la gestión del presidente Alberto Fernández a través de un comunicado. «Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado», añadió.

La dirigencia opositora avaló en general el pedido del fiscal, con frases tales como «momento histórico» o pruebas «demoledoras y escandalosas» en boca de representantes de la coalición Juntos por el Cambio.

La sentencia se conocerá en meses, según medios locales, aunque Fernández podría apelarla a tribunales superiores, lo que demoraría años el veredicto final.

Sin embargo, una sentencia este año podría afectar las chances del oficialismo de centroizquierda en los comicios presidenciales de fines de 2023.