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12 jul (Reuters) – Las migrantes venezolanas se enfrentan a un aumento de la violencia de género en Perú y Colombia, debido a que los gobiernos no les garantizan «derecho a una vida libre de violencia», denunció el martes Amnistía Internacional en un nuevo informe.

Desde que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, asumió el poder en 2013, más de seis millones de venezolanos han huido debido a una crisis económica que provocó una escasez de gasolina, agua y medicinas, así como violaciones de los derechos humanos.

La violencia de género contra las venezolanas en Colombia aumentó un 71% entre 2018 y 2021, y en Perú un 31% entre 2019 y 2021, según datos oficiales del gobierno.

Ambos países acogen a más del 50% de las personas que huyeron de Venezuela, según Amnistía Internacional.

«La protección contra la violencia de género debería ser una prioridad de todos los Estados en las Américas, así como la protección de quienes huyen de violaciones masivas de derechos humanos en sus países de origen», dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

«En el caso de las mujeres refugiadas venezolanas, estás más bien enfrentan una doble y brutal desprotección, como lo revela nuestro informe sobre la situación en Colombia y Perú», agregó.

Las refugiadas venezolanas se enfrentan a ataques tanto en las rutas migratorias como en los lugares donde se asientan, según el informe.

«En el ámbito familiar, enfrentan violencia económica, patrimonial, física y sexual, predominantemente de sus parejas o exparejas. Y en cuanto al entorno laboral, sufren diversas formas de violencia y explotación laboral, incluida la cooptación para trabajo con fines de explotación sexual», agregó el reporte.

Amnistía Internacional subrayó que los gobiernos deben intensificar sus esfuerzos para garantizar que estas mujeres puedan regularizar su situación migratoria para poder denunciar la violencia.

«Muchas mujeres venezolanas, víctimas de violencia machista y cuyas vidas están en riesgo, prefieren no denunciar por temor a ser expulsadas del país, debido a su estatus de documentación», aseguró Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.

«La situación de violencia y vulnerabilidad que enfrentan se agrava por la ausencia de protocolos especializados para atenderlas y protegerlas. La regularización migratoria es un paso fundamental para que puedan denunciar las violencias que enfrentan», concluyó.