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El director general de la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior, Luis Naldos Blanco, garantizó una investigación rigurosa sobre los hechos violentos presuntamente cometidos por efectivos de la policía durante el pasado fin de semana durante las protestas en Lima.

En la víspera, el titular del Ministerio del Interior, Rubén Vargas, precisó que Naldos Blanco estará a cargo de las investigaciones dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado.

“Ofrezco de manera personal y la labor que haga la oficina, las máximas garantías de una investigación rigurosa y objetiva que satisfaga el legítimo interés tanto de la opinión pública como de los los familiares de los directamente agraviados”, indicó en RPP.

Indicó que, según el reglamento, la etapa preliminar de investigación puede durar hasta 30 días hábiles, aunque existe la intención de no emplear todo ese tiempo para lograr algunos avances.

“Entendemos el clamor de agraviados y la población, tanto fallecidos como heridos con quienes nos solidarizamos en lo personal, entonces, existen plazos más cortos vamos a hacer esfuerzos denodados en tener toda la información tanto de organismos de Derechos Humanos, redes sociales y la policía para formar un juicio riguroso y establecer responsabilidades”, aseguró.

Naldos Blanco agregó que sus antecedentes al frente de la Oficina de Integridad del Mininter entre 2017 y 2018, dan cuenta de su labor objetiva, habiendo no solo haber trabajado a nivel del sector público, sino también del privado.

En ese sentido, recordó que fue asesor del exministro Gastón Rodríguez entre el 11 de junio y el 12 de setiembre de este año, pero no durante los pocos días que estuvo al frente del ministerio durante la gestión de Manuel Merino.

Asimismo, explicó que su investigación no determinará las responsabilidades políticas de los presuntos implicados, sino solamente determinar las sanciones administrativas y disciplinarias.

“No se ven responsabilidades penales y políticas, no obstante, si se hayan indicios de responsabilidad penal de cualquier funcionario, es nuestra obligación ponerlo en conocimiento de las autoridades responsables como el Ministerio Público o el procurador competente”, añadió.

Fuente: Andina