La abogada solicitó al ministro Eduardo Arana que en el más breve plazo se emita la resolución suprema que la repone en su puesto.
La abogada María Caruajulca envió hoy una nueva carta notarial al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, para que cumpla con el fallo de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima que dispuso que sea repuesta en el cargo de procuradora general del Estado.
En el documento, Caruajulca sostiene que esta mañana acudió a la Procuraduría a tomar posesión de sus funciones, pero Jackeline Rojas Grandez y Óscar Quispe Valeriano, jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica y abogado de la gerencia general, le «indicaron que no podía ingresar a la institución para cumplir con el mandato judicial».
«En ese sentido, habiéndose vencido el plazo de tres días dispuesto por el órgano jurisdiccional y ante la prohibición de ingreso dispuesta en la sede de la Procuraduría General del Estado, le informo que no se ha cumplido con el mandato judicial emitido por los señores jueces superiores de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima», se lee.
Finalmente, Caruajulca termina su misiva exigiendo al ministro Arana que gestione la resolución suprema que la restituya en su cargo en el más breve plazo, caso contrario tomará acciones legales.
Tras no poder ingresar a la Procuraduría, la abogada María Caruajulca acudió a la comisaría de San Isidro a interponer la denuncia correspondiente. Sin embargo, brindó declaraciones para cuestionar que no se le reponga en su puesto.
“A mí se me cesa de manera ilegal bajo el concepto de pérdida de confianza, pese a que las normas de la Procuraduría General del Estado, de manera clara y precisa, establecen que a un procurador no se le puede cesar por pérdida de confianza”, indicó.
«[Las sentencias judiciales] Se deben cumplir, pero cuando es un mandato de un órgano constitucional, aún con mayor razón”, mencionó. Agregó también que si se insiste en que no se le permita asumir su puesto, entonces no descarta “penas más severas, inclusive destitución y detención provisional”.
Ante el fallo del PJ, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha alegado que existe una «controversia jurídica respecto a la ejecución de la decisión cautelar» para dilatar la reposición de Caruajulca.
“Se advierte que dicho mandato judicial no especifica la forma en la que el contexto actual -distinto al existente en el momento de concedida la medida cautelar- coadyuvaría con su ejecutabilidad. En vista de ello, el MINJUSDH, la PCM y la PGE se encuentran a la espera del pronunciamiento correspondiente del referido órgano jurisdiccional, en atención a los escritos procesales que, oportunamente, han sido ingresados ante la mesa de partes del colegiado, exponiendo con detalles los argumentos jurídicos procesales del conflicto generado”, se lee en un comunicado enviado por el Ministerio de Justicia.
Adicionalmente, el procurador Javier Pacheco también se ha incorporado al proceso como litisconsorte en la demanda de amparo de la mencionada abogada.
Cabe precisar que Latina Noticias buscó sin éxito una entrevista con el MinJus para que pueda brindar su descargo a lo ocurrido con María Caruajulca.
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