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Desde hace unos años el Estado provee millones de soles a los partidos políticos que tienen representación en el Congreso para que financien diversas actividades. Pero, ¿cómo están usando ese dinero que viene del pago de impuestos de todos los peruanos?

Si bien se financian tres rubros (gastos ordinarios, capacitación y formación, e investigación) y los partidos parecen cumplir con esta disposición, en realidad “el diablo está en los detalles”.

En Fuerza Popular, destaca una investigación sobre inseguridad ciudadana encargada a una empresa que tiene como dueño a Fernando Rospigliosi, quien formó parte del equipo técnico del partido naranja en las últimas elecciones. El precio pagado por el estudio fue de 180 mil soles.

Otra investigación por 119 mil soles le fue encargada a la excongresista Úrsula Letona. Al igual que el estudio encargado a Rospigliosi, el dinero que recibieron procedió del financiamiento público directo.

Otros partidos con extraños pagos a allegados a sus respectivas dirigencias o militantes son Podemos Perú (por servicios prestados) y Alianza para el Progreso (por capacitaciones). Y en el Frente Amplio pasaron como gasto de “capacitación” la redacción e impresión de un diario que resalta su imagen.