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Para hacer una campaña política en el Perú no solo se necesitan muestras de afecto popular se necesita dinero, mucho dinero.

 

En el 2011, Keiko Sofía Fujimori Higuchi intentó ser presidenta del Perú, pero fue derrotada por Ollanta Humala en la segunda vuelta.

 

En el 2015 mientras preparaba su segunda campaña presidencial, la hija de Alberto Fujimori, nunca imaginó que la investigación de un simple ciudadano Arequipeño, como parte de su tesis universitaria, años más tarde, la llevaría a prisión.

 

¿Por qué la Fiscalía decide iniciar investigación contra Keiko Fujimori? ¿Desde cuándo es investigada? Y ¿cómo es que la líder de una de las agrupaciones políticas más importantes del país termina sindicada como la cabecilla de una organización criminal que habría lavado más de un millón de dólares?

 

“Las cuentas no cuadraban, desde un principio ellos no declararon todos los gastos. Por ejemplo, recuerdo que cuando se revisaban sus declaraciones ante la ONPE, no declaraban ni un solo gasto de los mítines en provincias, entonces, ¿Quién pagó esos mítines?”, detalla el periodista César Romero.

 

El joven presentó su denuncia formalmente ante el Ministerio Público, pues había detectado que Fuerza 2011 no sustentó los gastos realizados en los mítines de la campaña electoral, tampoco en los viajes de Keiko y según el mismo informe, también habían entregado nombres incompletos de supuestos aportantes.

 

“Hacen una rifa y no hay ganadores, al final, de los supuestos ganadores nadie recogió los premios”, detalla el joven periodista.

 

A raíz de la denuncia presentada por él joven arequipeño, a fines del 2015 la Fiscalía abrió la primera investigación contra Fuerza Popular por los presuntos aportes fantasmas.

 

Un fiscal ya los investigaba, pero las malas noticias para el fujimorismo apenas iniciaban. Recordemos que en el 2011 Keiko Fujimori postula a la presidencia del Perú por primera vez. En este tiempo, Keiko hacía actividades para recaudar fondos, unas rifas que valían 10 soles y cuyos premios incluían artefactos electrodomésticos y hasta un auto del año cero kilómetros.

 

La fiscalía detectó que solo uno de los premios fue entregado. En total, en las rifas se recaudó supuestamente 1, 566,938 soles. A lo que Fuerza Popular nunca pudo señalar cuantos boletos fueron vendidos a nivel nacional.

 

Las actividades para recaudar dinero continuaron, a las rifas se sumaron sus famosos cócteles en donde las entradas por persona llegaron a costar hasta 500 dólares. Según información de la ONPE, en uno de dichos eventos se recaudaron unos 710 mil 419 soles, pero no era suficiente para sustentar los millones gastados en la campaña. 

 

En Marzo del 2016, el Ministerio Público dispuso el inicio de una investigación preliminar contra Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito Villanueva por la presunta comisión del delito de lavado de activos, precisamente por estas actividades a las que denominaron el caso Cocteles.

 

Los fujimoristas no tardaron en desmerecer la investigación, dijeron que tenían los bolsillos limpios y hasta responsabilizaban al entonces fiscal de la nación Pablo Sánchez de ensañamiento.

 

“Yo creo que tiene tintes de persecución política habría que ver la trayectoria del fiscal”, aseguró Úrsula Letona en su momento.

 

“Yo no creo que exista persecución política teniendo ellos 72 parlamentarios, entonces ellos mismos se están subestimando, acá hay indicios evidentes de que la señora Keiko puede estar inmersa en algún tipo de acción dolosa”, aseguró Juan Sheput.

 

La Fiscalía tenía 36 meses para sustentar que el dinero fue obtenido de manera irregular y no por supuestos aportantes o con esforzadas actividades populares, el tiempo jugaba en contra de la Fiscalía. Los fujimoristas reclamaban que en más de un año no han podido probar nada y pedían el archivamiento definitivo de las investigaciones.

 

“Como si alguien en el país pudiera pensar que Keiko y su esposo integran una organización criminal”, dijo Úrsula Letona.

 

Lo fatal para Keiko llegó desde Brasil en Junio de 2017, un dato que complicaría la situación para Fuerza Popular. En la Agenda electrónica incautada a Marcelo Odebrecht encontraron una anotación que decía: “Aumentar 500 a Keiko y hacer visita”.

 

“Esa frase, aumentar 500 es la que le genera la tercera investigación que es la que ha tenido un avance más rápido”, explica César Romero.

 

En Agosto de 2017, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra Keiko Fujimori por el caso Odebrecht, al mes siguiente en Septiembre, el Ministerio Público, designó al fiscal José Domingo Pérez como responsable de toda la investigación de Fujimori, el mismo que dispuso que el caso se adecue a la ley de crimen organizado. Cuando su investigación corría riesgo, pues estaba a punto de vencer, Domingo Pérez pidió reunirse con los directivos de Odebrecht en Brasil.

 

“Estamos investigando un caso de lavado de activos, eso no podemos hacerlo en unos cuantos meses, necesitamos apoyo internacional”, explicó Domingo Pérez en su momento.

 

José Domingo Pérez ordenó la entrega de los libros contables de Fuerza Popular y se  dice que estos nunca le fueron entregados, es por eso que el 07 de Diciembre del 2017 encabezó el allanamiento a los locales partidarios.

 

Ese mismo día, Keiko Fujimori convocó a toda su plana de congresistas y desde el local de la avenida Colón rechazó enérgicamente las acusaciones, sus congresistas culpaban al entonces fiscal de la nación Pablo Sánchez de ensañamiento contra Fuerza Popular.

 

“Yo hubiera querido que esa celeridad la hubiéramos tenido en el local de Alejandro Toledo, ningún local ha sido allanado, no se habrían ni siquiera las carpetas de investigación”, afirmó Luz Salgado cuando criticó el allanamiento.

 

A las investigaciones en el 2017 se sumó el valioso testimonio de un testigo protegido muy cercado a la cúpula del fujimorismo quién contó cómo es que Keiko Fujimori habría dado órdenes para distribuir el dinero recibido de Odebrecht.

 

“Keiko está en prisión pero eso no significa que sea culpable, el juicio recién empieza”, afirma César Romero.

 

Keiko Fujimori está en el Penal de Mujeres de Chorrillos y el Juez ha dicho que dejarla en libertad pondría en riesgo la investigación, una investigación que empezó en Arequipa y que de seguro ningún fujimorista se imaginaba que terminaría con su líder en prisión.