La noche del lunes 8 de mayo de 2023, Paulo Huansi, un empresario cevichero de San Juan de Lurigancho, vivió una pesadilla. Hombres armados irrumpieron en su negocio, lo secuestraron bajo amenazas y agredieron a su hermana cuando intentó intervenir. Tres días después, la policía logró rescatarlo en una vivienda en San Martín de Porres. Aunque el desenlace pudo haber sido trágico, Huansi fue encontrado con vida, aunque deshidratado y aterrorizado. Sin embargo, lo que parecía ser un cierre de justicia pronto se tornó en indignación.
El juez Félix Walter Dextre Díaz ordenó la liberación de los implicados en el secuestro debido al vencimiento del plazo de prisión preventiva, argumentando que el Ministerio Público no presentó acciones en el tiempo estipulado. La medida incluyó una caución de 50 mil soles, que, según expertos, resulta insuficiente frente a las capacidades económicas de las organizaciones criminales. Esta resolución expuso una alarmante falta de coordinación entre las instituciones judiciales y fiscales del país.
El caso de Huansi no es aislado. Bandas criminales han intensificado su actividad, empleando métodos que van desde secuestros y extorsiones hasta el uso indiscriminado de explosivos. Según el investigador Jaime Antezana, este último recurso beneficia tanto a grupos delictivos como a la minería ilegal, aumentando la violencia en diversos distritos. Cabecillas como el «Loco Joe» y «El Monstruo» se han convertido en símbolos del crimen organizado, dejando a su paso un panorama desolador de asesinatos y extorsiones.
Para las víctimas, la lucha no solo es contra los delincuentes, sino también contra un sistema judicial incapaz de garantizar justicia. La decisión de liberar a los secuestradores de Huansi revela un preocupante vacío en la gestión de casos complejos, en los que la falta de acciones oportunas deja a los ciudadanos en desamparo. La debilidad institucional, sumada a la falta de recursos, ha convertido a la justicia en un sistema que, en lugar de proteger, parece vulnerar a quienes más la necesitan.
Mientras tanto, millones de peruanos viven bajo el constante temor de ser víctimas de robos, extorsiones o asesinatos. La inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes, y la percepción de un sistema desbordado solo aumenta la desesperanza.
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